El Gobierno anunció que Japón será el enc...
Recientemente la prestigiosa consultora Wood Mackenzie ha realizado una proyección en la que la República Democrática del Congo desplazaría, en pocos años, al Perú de su posición como segundo productor mundial de cobre. Esta predicción se basa en la estrecha brecha existente en la producción anual de cobre entre ambos países, la cual es inferior a 100,000 toneladas métricas (TMC). Tal anuncio ha generado una avalancha de críticas provenientes de diversos sectores, debido a que el Perú posee la capacidad de incrementar sustancialmente su producción de cobre y, potencialmente, competir con Chile por el primer lugar en la clasificación mundial, siempre y cuando los 27 proyectos mineros cupríferos que se encuentran en su cartera sean llevados a cabo. Estos proyectos, en conjunto, implican inversiones que ascienden a la cifra de US$ 38,521 millones. Entre los proyectos más destacados se encuentran Michiquillay (Cajamarca), La Granja (Cajamarca), El Galeno (Cajamarca), Tía María (Arequipa) y Zafranal (Arequipa).
Sin embargo, las grandes inversiones que demandan estos proyectos son precisamente el mayor problema, ante la notoria caída de las inversiones privadas en el país, como consecuencia del breve pero desastroso Gobierno de Pedro Castillo. En abril del año 2023, las inversiones mineras registraron un valor de US$ 335 millones, lo cual representa un descenso del 19% en comparación con el mismo mes del año anterior, cuando se reportaron US$ 414 millones. Respecto a esta preocupante situación, el especialista en derecho minero-energético, Anthony Laub, ha explicado que "las empresas mineras están buscando nuevas oportunidades en otros horizontes. La presencia de grupos anti-mineros está alejando a los inversionistas y obstaculizando la plena explotación de nuestros recursos naturales. En cierto sentido, el cobre en la tierra se asemeja al dinero guardado bajo el colchón. ¿De qué sirve poseer una suma considerable de dinero si no se tiene acceso a servicios básicos como agua y electricidad?".
Además de la violencia generada por los grupos antimineros, que han alcanzado su máximo empoderamiento durante el Gobierno de Pedro Castillo, otro gran obstáculo se interpone en el camino de las inversiones mineras: la abrumadora maraña burocrática que obliga a las empresas a tramitar ante múltiples ministerios y numerosas dependencias estatales –tales como el Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA)– la obtención de más de 400 permisos para dar inicio a la producción de un yacimiento. Esta compleja y exhaustiva serie de trámites y requisitos administrativos ha generado retrasos considerables y un clima de incertidumbre para las empresas mineras, dificultando la materialización de sus proyectos y limitando el desarrollo del sector.
Dentro del conjunto de proyectos cupríferos mencionados anteriormente, Michiquillay emerge como un destacado protagonista gracias a sus reservas comprobadas que superan las 2,200 millones de toneladas métricas de minerales valiosos, entre los que se encuentran el cobre, el oro, la plata y el molibdeno. Con una inversión estimada en US$2,500 millones, se proyecta que Michiquillay se convierta en una de las minas más importantes del Perú, poseedora de un potencial económico y social sin precedentes. Cabe destacar que el proyecto cuenta con la totalidad de los permisos necesarios para llevar a cabo las labores de exploración, así como un Estudio de Impacto Ambiental que fue aprobado por el Ministerio de Energía y Minas (Minem) en octubre del año pasado. Asimismo, en febrero del presente año, la empresa responsable del proyecto solicitó la autorización correspondiente para dar inicio a las actividades de explotación.
Se estima que para el año 2028, la producción anual de Michiquillay alcance la cifra de 225,000 TMC, extendiéndose su vida útil a más de 25 años. Estos resultados no solo supondrán la generación de ingresos significativos para la región de Cajamarca –a través de impuestos, canon y regalías mineras–, sino que también impulsarán el desarrollo local y mejorarán la calidad de vida de las comunidades vecinas. Además de los beneficios económicos, es importante resaltar que Michiquillay generará miles de empleos tanto directos como indirectos, lo que fomentará la creación de oportunidades empresariales en el área. En síntesis, este proyecto impulsará el crecimiento y desarrollo sostenible de la región, beneficiando de manera integral tanto a las comunidades locales como al país en su conjunto.
La empresa responsable del proyecto, Southern Peru, ha demostrado su compromiso con el desarrollo sostenible en el ámbito de la operación minera. Para minimizar el impacto ambiental y social, Southern implementará tecnologías y procesos innovadores en Michiquillay. Como ejemplo de ello, se implementará un sistema de transporte de mineral que prescindirá del uso de camiones, lo cual no solo reducirá el impacto en la flora y fauna de la zona, sino que también disminuirá las emisiones de gases contaminantes.
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