Majes Siguas II y el futuro del agro en el Perú

El proyecto hídrico Majes Siguas II representa una oportunidad histórica para transformar la agricultura en el sur del Perú. Ubicado en la región Arequipa, este proyecto busca habilitar el riego en 40,000 hectáreas adicionales, sumándose a las 16,000 ya productivas bajo Majes Siguas I. Con una inversión de S/ 7,730 millones, la iniciativa también contempla la construcción de dos centrales hidroeléctricas que reforzarán la sostenibilidad energética de la región. El impacto económico es innegable: se espera la generación de más de 83,000 empleos en la fase de construcción y 80,000 trabajos permanentes una vez operativo.

La importancia de este proyecto trasciende la región arequipeña, pues forma parte de un plan nacional para expandir la frontera agrícola. Actualmente, el Perú cuenta con 250,000 hectáreas dedicadas a la agroexportación, pero se estima que, con siete proyectos hídricos en marcha, se podrían sumar 400,000 hectáreas más. Sin embargo, la falta de incentivos adecuados para el sector pone en riesgo el aprovechamiento de estas tierras. La derogación de la Ley de Promoción Agraria en 2020 marcó un punto de inflexión negativo para el sector, afectando la formalización del empleo y limitando el crecimiento de la agroexportación. En los últimos cuatro años, la formalidad en el agro ha retrocedido más del 10%, según el INEI, lo que ha empujado a muchos trabajadores a la informalidad y precariedad laboral.

La Ley de Promoción Agraria, antes de su derogación, demostró ser una herramienta efectiva para el crecimiento del agro peruano. Permitía a los empresarios operar bajo un esquema de estabilidad jurídica y tributaria, fomentando la inversión y la generación de empleo formal. Gracias a esta legislación, el sector creció exponencialmente, logrando la inclusión de más de un millón de trabajadores rurales en el mercado formal y reduciendo la pobreza en las zonas agrícolas del 81% al 30%. El error de eliminar esta ley sin un reemplazo adecuado no solo afectó la inversión privada, sino que también distorsionó la competitividad del sector. 

Ahora, el Congreso y el Gobierno buscan corregir este retroceso con una nueva Ley Agraria que reintroduzca medidas de incentivo para atraer inversión y formalizar la pequeña agricultura. El nuevo proyecto de ley no solo restablecería un clima favorable para la inversión privada, sino que también incluiría medidas para integrar a los pequeños productores en la cadena de agroexportación. Elementos como la formalización de la propiedad, el acceso a financiamiento y la promoción de la asociatividad podrían marcar una diferencia significativa en la competitividad del agro peruano. Además, se espera que el Estado juegue un rol más activo en la facilitación de inversiones, asegurando que las nuevas hectáreas ganadas al desierto sean utilizadas eficientemente.

En un contexto económico en el que el crecimiento está estancado y la informalidad laboral sigue aumentando, es imperativo que el Perú apueste por una política agraria moderna y sostenible. No se trata solo de generar ingresos fiscales inmediatos, sino de garantizar un desarrollo inclusivo y duradero para millones de peruanos que dependen del agro. La recuperación del sector no debe quedar supeditada a ideologías o populismos; el país necesita un marco legal claro y predecible que permita consolidar a la agricultura como un pilar del crecimiento económico.

La responsabilidad recae ahora en el Congreso y el Ejecutivo. Si desean evitar que el agro peruano siga perdiendo competitividad, deben actuar con determinación y aprobar una legislación que fomente la inversión y el empleo formal. Majes Siguas II es un ejemplo de cómo el Perú puede convertir su potencial agrícola en una ventaja económica real. Pero sin una política agraria sólida, proyectos de esta magnitud corren el riesgo de quedarse en promesas incumplidas. Es momento de dejar de lado la improvisación y construir un agro competitivo y sostenible para el futuro del país.