Algunos días después de la APEC, poco a poco, el Per&uac...
El Perú es un país bendecido por los recursos naturales como si la misma Providencia hubiese querido favorecerlo por alguna razón. El país tiene enormes reservas en oro, plata, cobre y una enorme potencialidad agroexportadora por su capacidad de ganarle tierras al desierto a través de proyectos hídricos que represan las aguas de los ríos que nacen en los Andes. Ni qué decir de sus potencialidades en turismo y sus posibilidades gastronómicas a nivel mundial.
Sin embargo, cualquier visitante del exterior apenas sale del aeropuerto Jorge Chávez nota el contraste entre el desarrollo y el subdesarrollo cuando constata el atraso en las infraestructuras aeroportuarias, en carreteras, en vías de comunicación, en la planificación urbana y el aseo de la ciudad. Un país con todas las potencialidades para convertirse en una potencia mundial multiplica y acumula todos los rasgos del subdesarrollo.
¿En qué se diferencian los países desarrollados y los que no pueden lograr esos avances económicos y sociales? La respuesta es la vigencia del Estado de derecho y el consiguiente respeto a los derechos de propiedad. Planteada las cosas así es incuestionable que cuando un país es bendecido por recursos naturales, sin Estado de derecho, las bendiciones se convierten en una maldición y en el camino más corto hacia el atraso y el aumento de pobreza generalizada.
Venezuela es un ejemplo paradigmático de la maldición de los recursos naturales. El país con las mayores reservas petroleras del planeta hoy es una sociedad inviable con cerca del 90% de la población en pobreza y alrededor de 8 millones de refugiados de un total de 30 millones de venezolanos. La única razón de la destrucción de Venezuela y de la mayor crisis humanitaria en la región es la ausencia del Estado de derecho.
Por otro lado, países como Japón, Corea del Norte y Singapur han alcanzado el desarrollo sin tener la bendición de los recursos naturales gracias a la consolidación de los estados de derecho y los derechos de propiedad. El caso de Singapur es superlativo porque más del 60% del agua dulce que consume es abastecida por Malasia.
Contar con recursos naturales, pues, puede ser un boleto hacia el desarrollo o la pobreza de las mayorías, dependiendo de la vigencia del Estado de derecho y el respeto a los derechos de propiedad.
Semejantes reflexiones son cruciales para el Perú del siglo XXI, sobre todo, porque a inicios del nuevo milenio se proyectaba que, si el país seguía creciendo sobre el 6%, en el Bicentenario de la Independencia se podía alcanzar un ingreso per cápita cercano a un país desarrollado. Sin embargo, el 2021 el Perú sumó 30% de la población en pobreza (luego de haber bajado este flagelo social a 20% antes de la pandemia) debido a que el gobierno de Pedro Castillo promovió la asamblea constituyente, la nacionalización de los recursos naturales, y la destrucción del Estado de derecho.
Es evidente, pues, que cuando las izquierdas demonizan a las compañías y corporaciones extranjeras por, supuestamente, depredar los recursos naturales de los países, en realidad, están apostando por la destrucción del Estado de derecho y los derechos de propiedad y la vigencia de los contratos. En ese escenario los recursos naturales se convierten en la maldición de cualquier sociedad porque la riqueza ocasional que ofrecen los precios de los commodities (recursos naturales) posibilita la hemorragia de demagogias, clientelas y políticas populistas que encumbran dictadores plebiscitarios, tal como ha sucedido en Venezuela, Bolivia, Ecuador y Nicaragua.
El resultado final siempre será el fin de los estados de derecho y las libertades y la conversión de las sociedades en unas con mayoría en pobreza, pero con caudillos y proyectos totalitarios por varias décadas.
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