La violencia empezó en el corredor minero del sur. ¡Terminemos con ella!

Durante el año y medio de Gobierno de Pedro Castillo, la violencia y la destrucción se extendieron por el llamado corredor minero del sur, que se extiende a lo largo de 482 kilómetros, conectando las minas más importantes de Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua, Tacna y Puno. 

Desde el primer día del Gobierno de Castillo y, a través de los gabinetes liderados por Guido Bellido y Mirtha Vásquez, se alentó la creación de regiones mineras liberadas de la autoridad del Estado de derecho. Por ejemplo, Bellido alentó que comunidades del Cusco, a más de 200 kilómetros de Las Bambas, reclamaran formar parte del área de influencia directa de Las Bambas, emplazada en Apurímac. Una medida absolutamente ilegal.

Por otro lado, Vásquez, luego del ataque y destrucción de minas en el sur de Ayacucho –en contra de la Constitución, las leyes y los contratos firmados por el Estado– anunció el cierre unilateral de cuatro minas y ofreció asesoría legal desde el Estado para los delincuentes que habían asaltado las operaciones mineras. Finalmente, el Ejecutivo tuvo que retroceder.

Desde esos hechos, la violencia y los ataques a las operaciones mineras del corredor minero del sur y en el sur de Ayacucho recrudecieron y se acrecentaron; tal como sucedió en los años sesenta, con las tomas de tierras previas a las expropiaciones velasquistas de los latifundios. Sin lugar a duda el Gobierno de Castillo alentaba los ataques y la violencia contra las minas con el objeto de crear un escenario a favor de la expropiación de las inversiones en recursos naturales, sobre todo en el corredor minero del sur donde se produce más del 50% del cobre nacional.

La estrategia marxista en el corredor minero del sur solo pudo avanzar –tal como se intenta hacer ahora con la violencia insurreccional contra el Estado de derecho– ocultando las razones de la violencia y presentándolas como expresiones de demandas sociales acumuladas y, sobre todo, subrayando “el carácter natural y espontáneo”.

Si el eje bolivariano se ha propuesto controlar los recursos naturales del sur del Perú, ¿cómo entonces la anarquía en el corredor minero del sur podía ser espontánea? Imposible. La estrategia de ataques y asaltos a las minas del sur se desarrolló en medio de la parálisis del sistema de justicia, en medio de la neutralización de la acción de la Policía Nacional del Perú (PNP), del Ministerio Público y del Poder Judicial. 

Por ejemplo, luego del fallido golpe de Pedro Castillo, el corredor minero del sur ha permanecido bloqueado sin que se pueda trasladar el mineral al puerto, mientras se producían ataques a las minas Anabis, Antapaccay, Constancia y Las Bambas. Luego de conocidas estas terribles violaciones contra el Estado de derecho todavía no existen procesados ni detenidos, no obstante que todos los autores de los delitos están plenamente identificados.

La mina Las Bambas –una de las más emblemáticas del corredor y entre las diez minas de cobre más grande del planeta– es una de las más afectadas por la estrategia insurreccional contra el Estado de derecho en el corredor minero del sur. No obstante representar el 1% del PBI nacional, el 9% del PBI minero y el 75% de los ingresos de la región Apurímac, Las Bambas acumula –desde el inicio de sus operaciones– más de 580 días de bloqueos que impiden transportar el mineral al puerto.

Pero eso no es todo. En un acto que derrumba la vigencia de la Constitución y el Estado de derecho y cualquier forma de respeto a los contratos firmados por el Estado, unas decenas de pobladores de Huancuire invadieron el tajo Chalcobamba (de Las Bambas) para desarrollar minería ilegal, impidiendo que se inicie las operaciones de producción. Desde el inicio de las operaciones, Las Bambas explota el tajo Ferrobamba, que ha ingresado a una etapa de desgaste y menor producción natural.

La imposibilidad de explotar el tajo Chalcobamba y los bloqueos permanentes explican que Las Bambas haya producido el año pasado 240,000 toneladas métricas de cobre (TMC) no obstante que tiene una proyección anual de 400,000 TMC. De esta manera la posición del Perú como segundo productor mundial de cobre está amenazada.