El Gobierno anunció que Japón será el enc...
A pesar de que la Constitución de 1993 deroga el Estado empresario como sombra y amenaza a la economía de mercado, la iniciativa privada y la creatividad de la sociedad, en el Perú el régimen laboral corresponde al de un Estado que interviene en la economía y subordina a la empresa privada a través de la creación de empresas estatales. El régimen laboral en el país corresponde al de una economía como la de Venezuela o cualquier ex país de la fenecida Unión Soviética. Toda la legislación laboral nacional está orientada “a proteger al trabajador de la explotación y abuso de los empresarios”; es decir, participa de los mismos conceptos que se convirtieron en las mayores fuentes de pobreza del mundo moderno.
De allí que las cifras del mundo del empleo peruano sean realmente aterradoras: según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), más del 75% de los trabajadores son informales y carecen de un seguro de salud y de sistema previsional. ¿Cómo explicar estas cifras con el hecho de que el PBI de la economía se cuadriplicó en las últimas tres décadas? Una vez más las explicaciones estarán en el campo de la cultura y la ideología. Como ya sabemos, las reformas económicas de los noventa de Alberto Fujimori se desarrollaron en contra del consenso de los partidos, los intelectuales y los especialistas. En ese contexto, cambiaron las regulaciones económicas, pero la cultura laboral siguió anclada en el modelo anterior, en la cultura del Estado empresario.
La Constitución de 1979 consagraba el Estado empresario y, por lo tanto, el también llamado Estado empleador a través de la estabilidad laboral absoluta en las empresas estatales. Ya sabemos que el modelo fracasó de principio a fin. La Constitución de 1993, de alguna manera, liberalizó las relaciones laborales cuando en su artículo 27 estableció que “el trabajador goza de adecuada protección frente al despido arbitrario” (que se entendió com indemnización). Sin embargo, en el 2002, el Tribunal Constitucional emitió un fallo que obligaba a la empresa demandada a reponer a los trabajadores sindicalizados despedidos “arbitrariamente”; en vez de aplicar el artículo 34 del Decreto Legislativo 728, que establece la indemnización como compensación ante el despido injustificado.
Establecer la reposición en lugar de la indemnización era una manera casi directa de regresar a la estabilidad laboral absoluta. La economía crecía sin cesar, se avanzaba en la reducción de la pobreza, pero la cultura de los políticos y los jueces seguía atrapada en el evangelio marxista acerca de que en el mundo laboral “el trabajador es el explotado y el empresario el explotador”.
El credo marxista se imponía a pesar de que los únicos países que han alcanzado el desarrollo y el bienestar de los trabajadores son los que se alejaron de la estabilidad laboral absoluta y enrumbaron hacia la plena flexibilidad de los contratos laborales. De acuerdo a los últimos reportes del Economic Freedom of the World del Fraser Institute, entre los países con mayor flexibilidad laboral están Hong Kong, Estados Unidos, Inglaterra, Nueva Zelanda, Japón e, incluso, Noruega, Islandia y Suecia, sociedades antes conocidas como estados de bienestar.
Paradójicamente los países con mayor flexibilidad laboral han conseguido el bienestar de los trabajadores y soportan la presión de millones de migrantes de sociedades que tienen legislaciones con estabilidad laboral absoluta. La diferencia solo es una: en los países con flexibilidad laboral el empleo se multiplica y crece sin pausa por la explosión de la inversión privada, mientras que, en las sociedades, con estabilidad absoluta las empresas estatales quiebran, o el déficit fiscal y la inflación se devora cualquier posibilidad de empleo.
La reforma laboral, pues, es asunto de vida o muerte para el modelo. El Congreso tiene la palabra.
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