La urgencia de restablecer vigencia de Ley de Promoción Agraria

En el Gobierno de Pedro Castillo ya no se repiten los temas de la asamblea constituyente ni de las nacionalizaciones de recursos naturales porque la sociedad ha rechazado de plano esas propuestas. Sin embargo, más allá de que los planteamientos gubernamentales no se puedan implementar, los terribles anuncios gubernamentales han destruido la confianza de los inversionistas nacionales y extranjeros. De allí que la inversión privada, según todas las proyecciones, crecerá cero este año y se desplomará en el 2023.

Si la inversión privada genera el 80% del empleo y ella se desploma, entonces el crecimiento no generará suficientes puestos de trabajo para reducir la pobreza. Si esa tendencia continúa, todo contribuirá a que resuciten las propuestas de la constituyente y las nacionalizaciones.

Por todas estas consideraciones la oposición está urgida defender la inversión privada y buscar que se relancen las inversiones en el Perú. Y uno de los sectores claves en el crecimiento y la generación de empleo son las agroexportaciones. 

En las últimas dos décadas –gracias a la Constitución de 1993, los 22 tratados de libre comercio y la derogada Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360)– las agroexportaciones crecieron de US$ 621 millones a cerca de US$ 9,000 millones en el 2021. Es decir, más de 1000%. Un crecimiento mayor de cualquier pujante economía o sector. En ese lapso de tiempo se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y se generaron más de un millón de empleos, entre directos e indirectos, y en todas las regiones agroexportadoras la pobreza descendió hasta debajo de la media nacional. En Ica, por ejemplo, este flagelo se ubicó debajo del 10% de la población, mientras se lograba el pleno empleo.

Sin embargo, durante el gobierno provisional de Francisco Sagasti y la presidencia provisional del Congreso de Mirtha Vásquez, se derogó una de las mejores leyes económicas de nuestra historia republicana. Y se hizo apelando a argumentos risibles y bajo la presión de unas decenas y minorías que bloqueaban carreteras. A esta situación se sumó el gobierno de Castillo y sus anuncios sobre la constituyente y las nacionalizaciones.

En este contexto, al igual que el desplome de la inversión privada en general, no se conoce de nuevos proyectos en agroexportaciones. Sin embargo, la inercia de las inversiones previas a la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria permitirá que los envíos al exterior superen los US$ 10,000 millones en el 2022 y los US$ 11,000 millones en el 2023. A partir de allí no habrá crecimiento, no obstante que el milagro agroexportador peruano solo se ha realizado en el 5% de las tierras destinadas a la agricultura (alrededor de 250,000 hectáreas). Se calcula que, en los próximos años, el Perú podría incorporar 400,000 hectáreas gracias a las tierras ganadas al desierto por varios proyectos hídricos, y convertirse en una potencia mundial agroexportadora indiscutible.

Sin embargo, semejantes objetivos no serán posibles por la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria, que establecía regímenes tributarios y laborales especiales para fomentar las inversiones. Por ejemplo, en la medida que algunas inversiones en agroexportación demandan inversiones hídricas y tecnologías especiales, los proyectos suelen madurar o alcanzar rentabilidad en diez años o más. Para semejante situación se requiere un régimen tributario promocional. Asimismo, la actividad agrícola demanda un régimen laboral flexible – a semejanza de los países desarrollados– para contratar trabajadores de acuerdo a la estacionalidad de las actividades agrarias: siembra, cosecha y mantenimiento.

Se conoce de algunas empresas que contrataban más de 15,000 trabajadores por campaña con todos los derechos y beneficios de acuerdo a ley. Luego de la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria y la casi eliminación de la flexibilidad laboral, algunas agroexportadoras se están inclinando por comprar maquinaria tecnificada. Es decir, la derogatoria fue una clara media anti empleo.

Por todas estas consideraciones, el Congreso debe restablecer la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria cuanto antes.