La transformación del Perú para superar la informalidad

Todos los estudios económicos señalan que la economía y la sociedad peruana padece más del 60% de informalidad. De alguna manera, más de la mitad de las actividades económicas desarrollan algún nivel de informalidad o de extralegalidad. Igualmente, más del 75% de los empleos están en condición de informalidad; es decir, se trata de trabajadores sin un seguro de salud y al margen de cualquier sistema previsional.

Por otro lado, existe una relación directa entre pobreza e informalidad. Por ejemplo, las regiones con más del 40% de pobreza, con más de la mitad de las familias sin sistemas de agua, desagüe y alcantarillado, suelen ser las áreas con más informalidad. Por ejemplo, Puno, una de las regiones más pobres del país, tiene alrededor de 90% de informalidad. En los casos de Ayacucho, Cajamarca y Huánuco, el más de 80% de informalidad coincide con la condición de regiones más pobres del país. Algo más. El reconocido economista Carlos Adrianzén ha señalado en este portal que la sierra y la selva apenas representan el 20% del PBI nacional, mientras que la costa suma el 80%. La diferencias en los porcentajes, indudablemente, está en los niveles de informalidad.

¿De dónde viene, pues, la acentuada informalidad del país, sobre todo si comparamos nuestra realidad con otras sociedades de ingreso medio de América Latina? Algunos investigadores señalan que es un tema cultural, una especie de resistencia cultural a “las leyes occidentales”. El argumento se evapora cuando advertimos cómo los peruanos triunfan en los Estados Unidos y otras sociedades desarrolladas. En esas realidades los connacionales triunfan no solo porque respetan los semáforos de las calles, sino también porque cumplen a pie juntillas con todas las leyes tributarias y laborales.

La principal causa de la informalidad, pues, está en la legislación y en la extrema burocratización del Estado peruano. Los diversos sistemas tributarios en vez de alentar la formalidad lo enredan todo y alientan la extralegalidad de las empresas. Las leyes laborales que proclaman la estabilidad del trabajo y declaran derechos en contra de la productividad y la realidad de los agentes económicos –tal como sucedió en los países socialistas– condena a generaciones a la pobreza y a la mayoría de peruanos a envejecer sin sistemas de salud ni previsional. Por otro lado, los procedimientos y sobrerregulaciones han convertido a los políticos, a los burócratas, a los funcionarios, en verdaderos agentes de corrupción –en el sentido más amplio, no pecuniario– frente a las iniciativas de la sociedad y el sector privado.

En las sociedades desarrolladas siempre ha sucedido todo lo contrario. Los sistemas tributarios y laborales están organizados para favorecer a los empresarios, porque se entiende que solo son ellos quienes crean puestos de trabajo a través de la innovación y la inversión. Las leyes son tan abiertamente procapitalistas que las inversiones se multiplican y se crean tal cantidad de puestos de trabajo que faltan trabajadores. En ese contexto, los salarios suben incesantemente e, increíblemente, los trabajadores pasan a ser dueños de sus destinos y proyectos porque, incluso, deciden el lugar y la hora para trabajar. De allí que todos los trabajadores de los países con legislaciones anti empresariales suelen emigrar a los países desarrollados.

Eliminar la informalidad, pues, demanda invertir el orden de las cosas. Si se legisla en contra de los mercados siempre existirá informalidad. En las regiones más pobres del país, en donde no hay servicios ni Estado –como sucede en Puno– existe una infinidad de mercados y transacciones, pero que solo generan sobrevivencia y continuidad de la pobreza. Si existiese formalidad esos mercados se convertirían en fuente de riqueza. En ese sentido, si el Estado sigue levantando murallas de procedimientos en contra de los innovadores y los empresarios, el tiempo y los costos convertirán en imposible la formalidad para la mayoría de peruanos.

De alguna manera todos los políticos y los actores de la vida pública entienden de dónde viene la informalidad. Falta la decisión para reformar la legislación a favor de los mercados y reducir las decenas de procedimientos a unos cuantos, a través de ventanillas únicas. El Congreso y el Ejecutivo deberían formar una Comisión de Alto Nivel para quebrarle el espinazo al Estado burocrático y a la legislación antimercado antes del 2026. ¿Qué esperamos?