La oposición sigue equivocada: ¡No defiende a la minería moderna!

MMG-Las Bambas, una de las diez minas más grandes de cobre del planeta, sigue en zozobra porque el Estado ha renunciado a aplicar la Constitución y las leyes en las áreas mineras del país. Luego del reciente acuerdo entre el Estado, los sectores que invadieron el campamento minero y Las Bambas, mediante el cual se establece una tregua de 30 días para buscar una solución y reiniciar las operaciones mineras, un sector de la comunidad de Huancuire se niega a abandonar las tierras invadidas del campamento minero. 

La decisión de los sectores de Huancuire es grave: no permite reiniciar los trabajos en el tajo de Chalcobamba para garantizar la producción de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) que debería producir anualmente Las Bambas. Con los bloqueos y la violencia de las minorías radicalizadas, sumados al agotamiento del tajo en explotación actual, Las Bambas solo producirán 200,000 TMC. Es decir, la mitad. La minería moderna entonces está a merced de minorías violentistas de algunas decenas, porque no hay Estado, no hay Ejecutivo, pero tampoco existe oposición.

Es impresionante cómo la oposición ha renunciado a defender el modelo económico en general y la minería en particular. La única explicación: de alguna manera ha sido colonizada por todos los relatos progresistas que han encumbrado al poder a Pedro Castillo y a Perú Libre, desatando el actual proceso de destrucción nacional. ¿A qué nos referimos?

Por ejemplo, en la oposición parece existir la idea de que detrás de la violencia radical hay “una demanda de justicia social y exclusión”. Al respecto, vale recordar que la minería moderna en el 2021 aportó más de S/ 14,000 millones –monto que representa un récord en toda la historia republicana– gracias al sistema tributario y la responsabilidad de las compañías modernas. Algo más. En la última década la minería aportó más de S/ 40,000 millones a los gobiernos subnacionales por concepto de canon. ¿En dónde están las carreteras, las postas médicas, las escuelas y los sistemas de agua y desagüe que han construido los gobiernos central, regional y local? ¿Qué tienen que ver las empresas en el fracaso en la redistribución de la renta minera?

Claro que hay injusticias y exclusiones en las zonas mineras, pero todas ellas provienen del Estado. ¿Por qué la oposición no se enfrenta entonces al relato progresista que pretende demonizar a las empresas?

Por otro lado, la fábula progresista acerca del uso desmedido de la fuerza policial y la judicialización de los efectivos que cumplen su deber, simplemente ha desalentado a la policía nacional del Perú (PNP) y a las instituciones del sistema de justicia a investigar y procesar a quienes violan la Constitución y la ley –y afectan el derecho a la vida, al cuerpo, la salud y la propiedad–, mediante el ejercicio de la violencia. 

Si las entidades del Estado estuviesen cumpliendo sus funciones, la espiral de violencia que se extiende en las zonas mineras, y empieza a envolver las disputas de los mineros ilegales, simplemente, se detendría en seco. Los grupos privados armados en la minería ilegal y las 14 muertes lamentables son resultados directos de la ausencia de Estado de Derecho en las zonas mineras.

Sin embargo, estas cosas empiezan a suceder porque la oposición no ha asumido la defensa de la minería moderna y del Estado de Derecho en las áreas mineras. La oposición no entiende la trascendencia de la minería en el crecimiento, en el proceso de reducción de pobreza y la emergencia de las clases medias de las últimas décadas.

Muy por el contrario, las corrientes colectivistas y comunistas comprenden con absoluta claridad que necesitan detener la minería moderna para frenar en seco el crecimiento y aumentar la pobreza. Con más pobreza y menos clases medias, la constituyente y las expropiaciones estarán cada vez más cerca.