La minería y su importancia para Apurímac y todo el Perú

La región de Apurímac ha pasado en los últimos meses a ocupar las primeras planas de diarios y noticias, pero no por buenas razones sino por la violencia extrema de los más radicales grupos antimineros, azuzados por falsos dirigentes comunales, que incluso han llegado a detener la producción de MMG-Las Bambas, una de las mayores minas de cobre de todo el mundo. 

Con una inversión de más de US$ 10,000 millones, MMG-Las Bambas ya suma casi 500 días de paralizaciones por la acción de esas minorías radicales. Y hace exactamente un mes, Las Chancas, proyecto cuprífero situado en la provincia de Aymaraes –y que representa una inversión de US$ 2,600 millones- fue incendiado también por grupos violentistas, ante la pasividad e inoperancia de las autoridades, que han permitido que esta región se convierta casi en una zona liberada, en la que no rigen la Constitución, las leyes ni los derechos de propiedad. 

De acuerdo al estudio “Impacto económico y social de la minería en el Perú Sur- Este (Apurímac, Cusco y Puno), elaborado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), si estuvieran en actividad los proyectos mineros que actualmente tienen en cartera, en estas tres regiones la pobreza descendrería hasta en diez puntos porcentuales. En el caso de Apurímac las proyecciones son verdaderamente asombrosas, pues esta región tiene en cartera de inversiones por más de US$ 10,000 millones, que le permitirían una reducción de pobreza de 16 puntos en menos de diez años. Es decir, que la pobreza en Apurímac, que actualmente afecta a 29% de la población, descendería a sólo 13%.

Un caso similar al de Apurímac es el de Cajamarca, una de las cinco regiones más pobres del Perú, que tiene a un 40% de su población debajo de la línea de pobreza monetaria, y con más de 50% que carecen de servicios básicos (agua, desagüe, electricidad). Sin embargo, Cajamarca cuenta acaso con la mayor cartera de inversiones mineras del país; especialmente en cobre, porque ahí se encuentra el llamado “cinturón de cobre del norte”, que reúne proyectos cuyas inversiones suman más de US$ 17,000 millones. Si esta cartera de proyectos se concretara, la pobreza en la región se reduciría en muy poco tiempo a solo a 17%. Además, con ese aporte el Perú produciría un total 3.5 millones de toneladas métricas de cobre anuales. Y como consecuencia, crecería en promedio por encima del 6% anual, sin importar el contexto económico y político mundial. 

En una reciente entrevista para El Montonero, Roque Benavides, expresidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, señaló que “si se pusieran en valor los proyectos mineros que tenemos en cartera, se podrían generar 2.3 millones de puestos de trabajo formales en el Perú, y de forma descentralizada”. Añadió además que “el cobre actualmente está en su precio más alto, y sus perspectivas son inmejorables; y el Perú es el país con mayor cantidad de proyectos de cobre”. 

Es impresionante que tanto el Gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre como la oposición hayan renunciado a defender el modelo económico en general y la minería en particular. Sin lugar a dudas existen injusticias y problemas en las zonas mineras del país; pero la mayoría de esos problemas son generados por el propio Estado, y no por las empresas mineras. En la última década la minería aportó más de S/ 40,000 millones a los gobiernos subnacionales por concepto de canon. Sin embargo, esos gobiernos no han empleado esos ingresos para mejorar los servicios que necesariamente debe brindar el Estado a la población; es decir, salud (postas médicas y hospitales), educación (colegios y universidades estatales), y los ya mencionados servicios básicos: agua, desagüe y electricidad. Es contra ese Estado ineficiente y corrupto que debería protestar la población, y no contra las empresas que generan trabajo y dinamizan la economía.

Lo más lamentable es que debido a la posición abiertamente antiminera del Gobierno, la actividad minera, tan importante para la economía del país, parece tener perspectivas negativas. La violencia de los grupos antimineros, la inestabilidad política, los anuncios de estatizaciones y la posibilidad de la instauración de una asamblea constituyente están espantando a los inversionistas del sector. Así lo señaló Benavides en la entrevista referida: “La industria minera trabaja a muy largo plazo. Se han seguido desarrollando algunos proyectos, como producto de las buenas políticas que hemos tenido en el pasado, pero estamos perdiendo ese impulso”.