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El presidente de la Asociación de Gremios Agrarios del Perú (AGAP), Gabriel Amaro, acaba de señalar que desde el 2019 hasta la fecha se han dejado de invertir en 30,000 nuevas hectáreas destinadas a la agroexportación. De otro lado, si bien el 2022 las agroexportaciones sumaron más de US$ 10,000 millones, si bien el 2023 podrán superar los US$ 11,000 millones, desde el 2024 ya no habrá crecimiento porque no se conocen nuevas inversiones en el sector.
Ahora bien, ¿por qué en este portal se insiste tanto en las agroexportaciones?, nos suelen preguntar algunos lectores. Las respuestas tienen que ver, sobre todo, con la gigantesca capacidad del sector para crear empleo masivo formal y reducir la pobreza. Vale recordar que en el 2004 apenas existían 460,000 empleos formales –entre directos e indirectos– en tanto que hoy sobrepasan el millón de puestos de trabajo, entre directos e indirectos. Algunas agroexportadoras logran contratar entre 10,000 y 15,000 trabajadores por campaña con todos los derechos sociales y laborales reconocidos. Asimismo, la pobreza en las regiones agroexportadoras está largamente por debajo de la media nacional. Por ejemplo, hoy la pobreza en Ica está en 5% de la población, mientras en Lambayeque se ubica sobre el 14%. El promedio de este flagelo en el país es de 27.5% y las regiones más pobres suman más del 40% de ciudadanos bajo esta desgracia.
Por otro lado, el crecimiento de las agroexportaciones representa un impulso decisivo en la diversificación de la economía nacional, con la creación de una fuente de divisas para el país, con la organización de masivos clusters de servicios y una industria conexa que se desarrolla en las regiones agroexportadoras. El sector, a diferencia de otras áreas de la economía, tiene un enorme impacto social.
La tragedia nacional que representa la parálisis de las agroexportaciones se agrava cuando se repara que el milagro agroexportador peruano –que en dos décadas incrementó los envíos al exterior de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones– se hizo en alrededor de 250,000 hectáreas (ha) ganadas al desierto. Es decir, sobre el 5% de las tierras destinadas a la agricultura. Una extensión tan pequeña de tierra que el mundo se abisma sobre cómo se convierten desiertos en oasis de sembríos y riqueza, luego de que imponentes proyectos hídricos logran canalizar el agua de los ríos de la sierra hacia los desiertos de la costa.
¿Por qué sostenemos que se agrava la situación con esta información? Se acaba de conocer la decisión del Ejecutivo y del Estado de avanzar en el destrabe del proyecto Majes Siguas II y la tercera etapa de Chavimochic, que permitirán incorporar más de 100,000 hectáreas a las agroexportaciones. En otras palabras, un potencial de incremento de la frontera agrícola agroexportadora de más del 40%. Sin embargo, no hay posibilidades de nuevas inversiones. ¿Por qué se presenta este absurdo nacional? Por la sencilla razón de que durante el gobierno provisional de Sagasti y la conducción provisional de Mirtha Vásquez del Congreso, se derogó la ley de Promoción Agraria (Ley 27360) que establecía un régimen tributario promocional de 15% en renta y consagraba un sistema de flexibilidad laboral, a semejanza de los países desarrollados con pleno empleo.
Con la derogatoria de esta norma, la vigencia de la Constitución y de los 22 tratados de libre comercio se relativizó. Muy por el contrario, la nueva Ley 31110 elimina la flexibilidad laboral, penaliza la productividad agraria con una bonificación sobre la remuneración mínima y promueve los sindicatos y la negociación colectiva. De esta manera se elimina la flexibilidad en los contratos de trabajo.
Lo más grave de todo: con la derogatoria de la Ley 27360 se interrumpió la posibilidad de formalizar a los más de dos millones de parceleros del agro que conducen cerca del 95% de las tierras destinadas a la agricultura.
Por estas consideraciones, ¿qué espera el Congreso para restablecer la vigencia plena de la derogada Ley de Promoción Agraria?
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