La informalidad: el monstruo que lo devora todo

La mayoría de la economía y la sociedad es informal es una frase que todos damos por cierta. Parece tratarse de una tesis que no necesita mayor demostración cuando se habla del país, no solo por parte de los peruanos, sino también por los extranjeros. La informalidad comienza a ser, pues, parte de “la idiosincrasia nacional” y todos se rinden ante ella.

Y, de pronto, emerge la ligereza progresista que nos señala que la informalidad es una de las expresiones de la cultura nacional. En otras palabras, que es un tema cultural y hunde sus raíces en el alma nacional. Sin embargo, basta ver cualquier grabado de la Inglaterra de la revolución industrial o cualquier fotografía de Nueva York a inicios del siglo XX –por ejemplo, la película El Padrino II– para comprender que los vendedores ambulantes anglosajones y los mercados emergentes de esas sociedades –que ahora han alcanzado el desarrollo– se parecen demasiado a los mercados populares de Juliaca, Huancayo, Gamarra y demás regiones del país. Peor aún si analizamos cifras económicas y las leyes vigentes en ese entonces: la mayoría de la economía de Inglaterra y Nueva York eran informales como una respuesta a las normas que prohibían la libertad económica a favor de los gremios económicos que controlaban esas ciudades.

La informalidad, pues, no es un problema cultural. Es un fenómeno económico, social y legal que diferencia radicalmente a los países desarrollados de los subdesarrollados. A más informalidad, menos desarrollo y más pobreza. Hoy, por ejemplo, todos entendemos que Puno, una de las regiones más pobres del país (con 43% de la población bajo este flagelo), igualmente, tiene el 90% de su economía y sociedad en la informalidad. En esa región, pues, prácticamente todo es informal.

Muy por el contrario, todo parece señalar que a más Estado de derecho y más institucionalidad menos informalidad y menos pobreza. De allí que la cifra que nos indica que la costa representa el 80% del PBI, mientras que la sierra y la selva (pese a albergar enormes recursos naturales) suman el 20% restante es extremadamente reveladora. Todo parece vincularse al Estado de derecho y la fortaleza de las instituciones: la economía, la informalidad y la extensión de la pobreza. Por ejemplo, en las ciudades de la costa uno puede registrar que el pago de impuesto predial en los municipios es superior a cualquier ciudad de la sierra o de la selva.

Planteadas así las cosas, emerge la pregunta sobre qué hacer frente a la informalidad, porque no parece haber soluciones viables. Al respecto queremos plantear dos aproximaciones generales. En primer lugar, enfrentar la informalidad demanda tener un proyecto nacional y estatal para organizar una nueva legalidad que incluya a todos los sectores marginados por el fracaso del derecho positivo. En ese sentido, debemos dejar de combatir un aspecto de la informalidad para que luego emerja el fenómeno por otra realidad no contemplada. Hasta hoy así se ha combatido la extendida extralegalidad.

En este contexto, el Ejecutivo y el Legislativo deberían conformar una gran comisión nacional que investigue y desarrolle diagnósticos y conclusiones para que ambos poderes del Estado se propongan reformas legales integrales. Los países que superaron la informalidad –es decir, que alcanzaron el desarrollo– tuvieron este tipo de aproximaciones.

Por otro lado, es necesario entender que la reforma legal e institucional, la organización de una nueva legalidad, tiene que ser necesariamente un proceso de abajo hacia arriba, porque el objetivo central de este proceso es representar, expresar, la realidad de las sociedades emergentes en la nueva institucionalidad. Los países que alcanzaron el desarrollo únicamente plasmaron el sistema de derechos y obligaciones que, naturalmente, habían surgido en las sociedades informales. De allí que la informalidad siempre será el gran problema nacional, pero también una gran posibilidad.