La estrategia anti minera de Las Bambas ahora se va para Ayacucho sur

El reciente ataque la unidad minera Inmaculada –de la compañía minera Ares– por tres decenas de activistas radicales del caserío Casma Palla Palla, en Ayacucho, de una u otra manera reproduce la misma estrategia violentista que desarrollan algunas decenas de pobladores de Huancuire en contra de Las Bambas (en Apurímac). El asalto a las minas, entonces, comienza a extenderse como parte de una estrategia general.

El argumento de los llamados dirigentes del asalto a la mina Inmaculada es que la empresa “se ha apropiado ilegalmente de sus terrenos”. Sin embargo, la empresa minera pagó por 370 hectáreas en dos ocasiones: S/ 5 millones la primera vez y S/ 8 millones la segunda. En total S/ 13 millones. 

La misma estrategia han utilizado algunas decenas de pobladores de Huancuire que han asaltado el tajo Chalcobamba, reduciendo significativamente la proyección de producción de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) a 240,000 TMC. Los pobladores de Huancuire argumentan, igualmente, que se les ha arrebatado sus terrenos, no obstante que los han vendido hasta en tres ocasiones, sumando en total más de S/ 223 millones.

En el caso de la Inmaculada la estrategia de los dirigentes de los radicales anti mineros –entre ellos estarían Marta Elena Cayo y Yuri Cayo– es convertir el anexo de Huancute en una comunidad campesina, en uno de “los pueblos originarios” promovidos por el eje bolivariano en la región. Algo más. Los mismos abogados que asesoran al radicalismo violentista en Las Bambas, hoy están asesorando a los antimineros de Inmaculada. En otras palabras, los mismos abogados que asesoran en Huancuire ahora están en el sur de Ayacucho.

Si consideramos que la misma violencia se ha ejercido contra minas en Pataz (en la Libertad) y otras de Apurímac, es incuestionable que estamos ante una ofensiva general en la que se combinan ciertas “estrategias económicas fuera de la ley” –por llamarlas de alguna manera–, la irresponsabilidad del Gobierno y una bien montada ofensiva de “tomas de minas” promovida por el llamado eje bolivariano en la región.

Es incuestionable que, en Las Bambas e Inmaculada un grupo de dirigentes y activistas ha encontrado una manera de generar “rentas” sin invertir y sin producir. El argumento es que la venta de tierras, la venta de la propiedad de la superficie, no tiene valor porque “se pagó muy poco”. Si ese argumento se legitimara, en el acto toda la minería moderna en el Perú estaría bajo una amenaza general. ¿Por qué? Porque casi todas las empresas han vendido la tierra de acuerdo a precios de mercado, y se generarían reclamos de aquí por allá. En otras palabras, el sistema de propiedad de la minería –aplicado en las últimas tres décadas– se habría quebrado y la violencia social se desataría de aquí para allá. A nuestro entender se presentaría una situación parecida a la toma de tierras de los años sesenta, antes de la expropiación velasquista de los latifundios. En otras palabras, se organizaría un estado de cosas favorable a la estatización de las minas.

Por otro lado, si bien los violentistas de Inmaculada fueron desalojados por la policía nacional (PNP), la conducta del Gobierno ha sido la de renunciar a ejercer la autoridad democrática, empoderar a las minorías radicales e, incluso, de exacerbar las demandas sociales para agravar el desorden social de las regiones mineras. Y si a esto le agregamos que Perú Libre ha propuesto la nacionalización de los recursos naturales, e incluso planteó crear la empresa estatal del cobre, es incuestionable que la minería moderna está bajo ataque general en el Perú.

Es evidente que en los pueblos de las regiones mineras existen demandas legítimas, sobre todo por la incapacidad del Estado de redistribuir la riqueza minera (carreteras, escuelas, postas médicas) y que se necesita una mayor discusión para promover la participación de las comunidades en la minería moderna. Sin embargo, cualquier cambio, cualquier reforma, debe partir del respeto a la Constitución y el Estado de derecho. Cualquier otro camino es alentar una situación revolucionaria en las minas.