Indecopi detiene colectivización de relaciones laborales

La Comisión de Eliminación de Barreras Burocráticas de Indecopi emitió una resolución que establece que no se apliquen las medidas del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que prohíben la tercerización laboral en las empresas. La resolución se materializó por la denuncia presentada por Cosapi-Minería. Sin embargo, en caso de apelación los efectos de la resolución se suspenden hasta agotar la instancia final administrativa.

Al cierre de esta edición había trascendido que se había presentado una apelación en contra de la mencionada resolución, motivo por el cual sus efectos quedaban en suspenso. Por otro lado, desde el MTPE se emitió un comunicado señalando que los derechos laborales no eran barreras burocráticas y se defendió a rajatabla el Decreto Supremo N° 001-2022 TR, que prohíbe la tercerización laboral en los núcleos de la empresa.

En la resolución de Indecopi se dispone inaplicar las medidas que prohíben la tercerización laboral “en favor de todos los agentes económicos y/o ciudadanos en general que se vean afectados por su imposición”.

Como se aprecia con absoluta claridad, las empresas vienen desarrollando una batalla administrativa en contra del decreto supremo que prohíbe la tercerización en los núcleos fundamentales de las empresas. Sin embargo, vale subrayarlo y escribirlo con mayúsculas y minúsculas, la lucha en contra del absurdo decreto del MTPE no es una administrativa, sino que es una batalla política que tiene que ver con la defensa de la Constitución y las libertades, y con el proyecto de la asamblea constituyente. ¿Por qué?

Si al decreto que prohíbe la tercerización laboral le sumamos el Decreto Supremo 014-2022 TR –que promueve la sindicalización por fábrica, rama o actividad económica y conglomerados empresariales y, de otro lado, liberaliza de manera irresponsable el derecho a huelga– entonces estamos frente a las mayores modificaciones del modelo económico en las últimas tres décadas. 

Los dos decretos mencionados asfixian a la inversión privada. Una noticia extremadamente grave, sobre todo considerando que el desgobierno nacional de la administración Castillo y los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones explican que la inversión privada crecerá cero en el presente año y se desplomará en el 2023. Sin crecimiento de la inversión privada el crecimiento del país se ralentiza, no hay suficiente empleo y aumenta la pobreza.

En este contexto de estancamiento y caída de la inversión privada, los dos decretos supremos mencionados se convierten en verdaderas bombas nucleares contra la economía de mercado. 

Asimismo, vale recordar que el Gobierno de Pedro Castillo, de una u otra manera, ya está promoviendo “la guerra de clases” que tanto encandila a los marxistas y comunistas.  Los dos decretos mencionados fueron promulgados sin consultar con el Consejo Nacional de Trabajo, tal como lo disponen las leyes nacionales y los tratados internacionales. Frente a esta situación, los empresarios se retiraron del mencionado consejo laboral.

Ante la resolución de Indecopi que establece que la prohibición de la tercerización laboral es una barrera burocrática, no sorprende que el MTPE se haya pronunciado en contra y respalde la estrategia comunista de colectivizar las relaciones laborales y promover la guerra de clases. Lo que sorprende es la manera cómo la mayoría del Congreso, que defiende la Constitución y las libertades, ha abandonado a los empresarios en su lucha contra las normas que buscan destruir la economía de mercado.

La lucha contra los mencionados decretos no es administrativa ni simplemente económica. En realidad, es una batalla altamente política. Si continúa la vigencia de los señalados decretos se desatará una ola de quiebra de empresas y un gran sector buscará refugio en la informalidad. En este escenario, la predicción colectivista acerca de que el modelo económico produce pobreza y exclusión se irá convirtiendo en una profecía autocumplida a favor de la asamblea constituyente.

Por todas estas consideraciones, el Congreso debe derogar en el acto los dos decretos mencionados y avanzar en la flexibilización de las relaciones laborales en el Perú para relanzar la inversión privada y mejorar el bienestar de los trabajadores.