Indecopi confirma inaplicación de prohibición de tercerización

El Perú es uno de los pocos países de la región en que los gremios empresariales, el sector privado en su conjunto, se ha retirado del Consejo Nacional del Trabajo, del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE). El motivo: los decretos laborales promulgados por el MTPE sin consultar al sector empresarial, tal como lo establecen las leyes y los convenios internacionales. El asunto es tan evidente que la propia Organización Internacional del Trabajo (OIT) ha criticado frontalmente al Gobierno por violentar el mecanismo tripartito (Estado, trabajadores y empresarios) en la formulación de la normatividad laboral. 

Los mencionados decretos del MTPE –que motivaron el retiro del empresariado, configurando claramente un Gobierno anti inversión– son los que prohíben la tercerización laboral, fomentan el sindicalismo en las fábricas, sectores económicos y grupos empresariales, y liberalizan en extremo el derecho a huelga. 

A pesar de configurarse abiertamente un Gobierno en contra de la inversión privada, la oposición y la mayoría del Congreso no ha decidido defender al sector privado, no obstante que aporta el 80% de los ingresos fiscales y crea más del 80% del empleo. El empresariado, el sector privado, se ha quedado sin respaldo político frente a la arremetida izquierdista que pretende colectivizar las relaciones laborales.

Sin embargo, acaba de conocerse una noticia positiva con respecto a la prohibición de la tercerización laboral. Indecopi ha confirmado en segunda instancia la inaplicación del Decreto 001- 2022 del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), que prohíbe la tercerización laboral en los núcleos de las actividades de una empresa. Como todos sabemos, la demanda en Indecopi fue presentada por la Minera Cosapi SAC y la resolución que inaplica el decreto es una medida cautelar. Falta culminar el procedimiento principal; es decir, establecer que un decreto supremo no puede modificar la ley de tercerización laboral, Ley 29245.

En cualquier caso, el camino más directo debería ser la derogatoria de los mencionados decretos anti inversión por parte del Congreso. No obstante, al parecer los congresistas –sobre todo aquellos que defienden la Constitución y se oponen a la constituyente– han decidido hacerse de la vista gorda para no aparecer defendiendo los intereses de los “grandes empresarios”.

Semejante razonamiento revela que los sectores democráticos no han entendido las directas relaciones entre crecimiento, reducción de pobreza e inversión privada en la lucha por la preservación de la institucionalidad y las libertades. Si se desalienta la inversión privada, el Perú crecerá menos y no se seguirá reduciendo la pobreza como en las últimas décadas.

Por otro lado, tal como se presentan los hechos en el tema laboral, es evidente que las izquierdas, los sectores comunistas y los progresismos, tienen absolutamente clara la relación entre crecimiento y proyecto de la constituyente. Con menos crecimiento aumenta la pobreza y el descontento avanza en el cuestionamiento del modelo y la propia Constitución.

Algo más. Las izquierdas en general tienen una propuesta laboral que pasa por colectivizar las relaciones laborales, asfixiando las posibilidades de la inversión privada, bajo los argumentos de “la explotación del trabajador y la plusvalía”. Semejante propuesta busca que el sector privado no sea la primera fuente de empleo nacional, sino el Estado. En otras palabras, detrás de los mencionados decretos laborales del MTPE está la fórmula del estado empleador.

Ahora bien, no puede existir el estado empleador sin el estado empresario; es decir, sin el estado que multiplica sus actividades económicas desarrollando una competencia desleal con el sector privado. Un camino que, inevitablemente, lleva a regular mercados y precios.

Los decretos laborales del MTPE, que desalientan la inversión privada, pues, no son simples medidas a favor de “los trabajadores” como afirman los defensores de estas medidas. En realidad, se trata de la cabecera de playa de la asamblea constituyente y el estado empresario.