Fracaso total del Estado y el intento de demonizar a la minería moderna

En el Ministerio de Energía y Minas (Minem) se proyecta que, este año, la recaudación minera sobrepasará los S/ 30,000 millones. El 2021 la recaudación sumó cerca de S/ 18,000 millones. En otras palabras, el 2022 la recaudación se incrementará en más del 80% con respecto al año previo. Algo más impresionante: la recaudación del 2021 representó un 250% con respecto a la del 2020. Hechos contundentes que revelan que el Perú es un país minero, que su legislación tributaria es progresiva, y que el sector minero es la gallina de los huevos del oro del Perú.

Si a estos hechos le agregamos que la minería moderna representa el 60% de las exportaciones, más del 10% del PBI y más de 12% del total de la inversión privada, la minería es una de las columnas sobre la cual descansa el Perú. Algo incuestionable.

Sin embargo, durante el Gobierno de Pedro Castillo, las regiones mineras se han convertido en virtuales zonas liberadas de la autoridad democrática del Estado. Diversas minorías radicales bloquean carreteras, asaltan campamentos mineros y desconocen transacciones legales, arrasando con la Constitución, las leyes nacionales y los contratos firmados por el Estado. Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del planeta, que representa el 1% del PBI, el 9% del PBI minero y el 75% de los ingresos de Apurímac, en el 2022 ha soportado más de 140 días de bloqueos que impiden trasladar el mineral al puerto. Y desde el inicio de las operaciones mineras se suman más de 560 días de bloqueos. 

El mismo modus operandi se repite en la mina Inmaculada, en el sur de Ayacucho, que soporta un bloqueo de una vía pública que accede a una de las bocaminas y acaba de padecer la quema de 6 camiones de la operación por pobladores de Huancute. Un bloqueo que pone en peligro la seguridad y la salud de más de 1,700 trabajadores. Si a estos hechos le sumamos las invasiones al tajo Chalcobamba de Las Bambas para desarrollar minería ilegal, la invasión del proyecto Los Chancas también en Apurímac, y otras invasiones de campamentos mineros en La Libertad, no es exagerado sostener que en el Perú se vive invasiones y asaltos a minas modernas, tal como sucedía en los años sesenta con las llamadas “tomas de tierras” antes de las expropiaciones y la reforma agraria veslasquista.

¿Cómo hemos llegado a esta situación si la minería es la principal fuente de riqueza del país? Una explicación principal está en la voluntad del Ejecutivo de promover a las minorías radicales y renunciar al ejercicio de la autoridad democrática. Sin embargo, al lado de ese hecho está el fracaso general del Estado en la distribución de la riqueza. En las regiones mineras los gobiernos central, regionales y locales están sobrados de recursos por el aporte minero en canon y regalías. Sin embargo, no hay carreteras, escuelas, postas médicas, ni agua ni desagüe.

Un ejemplo clarísimo. El economista David Tuesta, acaba de informar en  El Comercio que los diez distritos con mayores ingresos provenientes de la minería suman recursos de más de S/ 3,000 millones. Sin embargo, hasta noviembre solo habían ejecutado el 34% del presupuesto. Entre los distritos con mayores ingresos están San Marcos en Áncash, Megantoni en el Cusco, Chimbote en Áncash, Coronel Gregorio en Tacna, Yarabamba en Arequipa, Espinar en Cusco, entre otros.

Sucede que casi todos los distritos con mayores ingresos mineros carecen de agua y desagüe. Es decir, sobra plata, pero no hay obra. En ese contexto, viene el antiminero, el activista radical o el simple extorsionador y, en vez de denunciar el fracaso del Estado, demoniza a las empresas modernas en su objetivo de conseguir una renta.

En cualquier país, con partidos democráticos medianamente organizados, los partidos deberían promover una alianza entre comunidades, poblaciones y empresas mineras para exigir que el Estado cumpla con la correcta distribución de la riqueza minera.