La promulgación de la ley que modifica la distribuci&oa...
La decisión de la mayoría de las bancadas del Legislativo de aprobar la ley que modifica la redistribución del IGV incrementando de 2% a 4% los aportes al Impuesto de Promoción Municipal desfinanciarán el presupuesto del gobierno central en alrededor de S/ 10,000 millones en momentos en que el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, solicita que se amplíe la proyección del déficit fiscal de 2.2% a 2.8% del PBI en el 2025. En otras palabras, el Estado peruano se prepara para incumplir por tres años consecutivos las proyecciones de déficit con todos los riesgos que significan para el modelo vigente en el Perú por más de tres décadas. Un modelo que ha construido el mayor momento de inclusión social de nuestra historia republicana en términos de reducción de pobreza.
Sin embargo, ¿por qué las bancadas del Congreso apuestan por incrementar el Impuesto de Promoción Municipal? En un reciente comunicado ComexPerú ha presentado cifras aterradoras sobre la performance de los municipios: un 74.5% de los municipios requieren capacitación en procedimientos administrativos; un 70.8% necesita formación en administración tributaria; y un 67.7% de los gobiernos locales necesita capacitarse en formulación y evaluación de proyectos. Además, los niveles de ejecución presupuestal a través de los gobiernos locales son muy bajos.
¿Por qué entonces las bancadas del Legislativo han aprobado la ley que redistribuye el IGV? Es incuestionable que ha empezado la campaña electoral. Las bancadas del Legislativo pretenden congraciarse con los alcaldes de provincias en busca de los votos necesarios para seguir sobreviviendo. Y toda esta estrategia al margen de cualquier criterio de responsabilidad fiscal y macroeconómica. ¿Semejante conducta se diferencia en algo de las maniobras y estratagemas del chavismo con respecto a los recursos del Estado? Parece que no.
Por otro lado, la decisión del Congreso y del Ejecutivo de modificar la redistribución del IGV no solo hace volar por los aires las posibilidades fiscales del país, sino que profundiza irresponsablemente la descentralización fallida, una de las causas principales (junto a la burocratización estatal) de la existencia de un Estado disfuncional. Gastar a través de los gobiernos regionales y los municipios es como echar recursos por la borda: se pierden y solo desarrollan corrupción y disfuncionalidad.
En este portal siempre repetimos algunas cifras que son devastadoras. Por ejemplo, en el Plan Nacional de Competitividad del 2019 los déficits en infraestructuras básicas sumaban S/ 117,000 millones. Entre el 2019 y el 2025, el Estado a través de los gobiernos subnacionales gastó S/ 195,000 millones. En otras palabras, 160% del total de la brecha establecida en el señalado plan.
Sin embargo, los resultados de semejante inversión representaron una tragedia. En agua potable y saneamiento se gastó alrededor de un 80% de la brecha establecida, pero el déficit aumentó en 1%. Igualmente, el 85% de la red vial está sin pavimentar; el 96% de los centros educativos y el 97% de los centros de salud de atención primaria se califican en estado de precariedad. Asimismo, el 85% de los hospitales tienen infraestructuras deterioradas y equipos obsoletos.
¿Hacia dónde se fue tanto dinero? Con ese monto las poblaciones que carecen de agua en las regiones más pobres deberían estar en otra situación. Igualmente, las carreteras, los colegios y las postas deberían funcionar. Es evidente, pues, que una suma de ineficiencias, falta de capacitación y una corrupción desatada, explica que los S/ 195,000 millones gastados entre el 2019 y el 2025 se fuese por la borda, por decir lo menos.
Los municipios entonces están entre los principales responsables de la falta de servicios básicos en las regiones más pobres. Sin embargo, el Congreso decide profundizar esta desastrosa y fallida descentralización con el objeto de negociar con las provincias en busca del esquivo respaldo electoral.
Así estamos y la crisis parece envolverlo todo.
COMENTARIOS