Estado recupera el orden y Las Bambas sigue operando

A primera hora de ayer, el Poder Ejecutivo decretó el Estado de emergencia en Arequipa y las Fuerzas Armadas y policiales liberaron la vía conectaba a Las Bambas con el puerto de Matarani, que había sido bloqueada por los antimineros. De los diez puntos interrumpidos siete fueron despejados. Con esta decisión del Estado, las posibilidades de un cierre de las operaciones mineras —por la falta de insumos debida al bloqueo— quedan descartadas por el momento. Una buena noticia que merece ser respaldada por todos los peruanos de buena voluntad. 

Los dirigentes de los antimineros exigen a las autoridades y a la minera MMG Limited, concesionaria de Las Bambas, la modificación del Estudio de Impacto Ambiental (EIA) para que se incluya la construcción de un mineroducto que transporte el mineral —según ellos— evitando la contaminación de ruidos y polvos que afectan a sus territorios. No obstante, la minera estudia otras posibilidades para trasladar el mineral: el ferrocarril. Los antimineros también piden la nulidad del Decreto Supremo 0011-2016-MTC, norma necesaria para reclasificar las rutas del país, emitida durante la gestión de Ollanta Humala. El objetivo: modificar la naturaleza regional y local de las vías.

Si se construyera el mineroducto u otra vía alterna (trenes), ¿qué sentido tiene insistir en la nulidad del decreto supremo mencionado, si con el nuevo medio de transporte la minera ya no usará la carretera hacia Matarani? Veamos. En el denominado corredor minero del sur, existen 40 comunidades vinculadas a la carretera que une Las Bambas con el puerto de Matarani, 18 de ellas pertenecientes a la provincia de Chumbivilcas (Cusco). Según se sabe, del total de las comunidades, 12 de ellas están dispuestas a persistir bloqueando las vías que conducen a la mina.

El DS 0011-2016-MTC dio origen a la Resolución Ministerial Nº 372-2018 MTC/01.02, del 25 de mayo de 2018, que “reclasifica de manera definitiva, como ruta nacional, las rutas departamentales o regionales de la red vial de los departamentos de Apurímac y Cusco”. La RM fue suscrita por el entonces ministro Edmer Trujillo Mori, durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, y nuevamente ministro del sector Transporte (MTC), en la nueva gestión de Martín Vizcarra.

Con la nueva norma seis rutas fueron reclasificadas, las que —según los comuneros— afectan a las comunidades de Ccapacmarca, Cancahuani, Huininquiri, Idiopa Huascabamba, Sayhua, Velille, Pumapuccio, Ocho de Agosto, Curuspampa y otras. En medio del conflicto, para evitar la “anulación” de la norma, se plantea modificarla. Entonces, ¿qué rutas serán modificadas si todas las comunidades supuestamente afectadas están incluidas en la norma? Además, ¿Edmer Trujillo enmendará la RS que firmó durante la gestión pepekausa? ¿Marcha y contramarcha? 

Los dirigentes de las comunidades, azuzados por las ONG vinculadas al marxismo, plantean la construcción del mineroducto para transportar minerales. Según Raúl Molina, viceministro de Gobernanza Territorial —de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM)—, para MMG es necesario un mineroducto. Con la modificación del EIA, que debe ser aprobada por las autoridades, se decidirá la construcción del mineroducto u otra vía. El vicepresidente Comercial y de Finanzas de MMG, Álvaro Ossio, ha señalado que la ruta aún no está definida y sigue en evaluación. El puerto de llegada sería Matarani o San Juan de Marcona. También existe, y está en evaluación, la posibilidad de construir una vía férrea, más costosa, que además de servir para transportar mineral servirá para el transporte de pasajeros, mercancías y, sobre todo, los productos de exportación de los pequeños agricultores de Apurímac. 

A la izquierda antiminera no le interesa el progreso de los más pobres. Está concentrada en el sur siguiendo directivas antiperuanas, para reducir la producción de cobre en beneficio de los especuladores mundiales del metal rojo.