El Consejo Fiscal ha desarrollado una interesante alerta sobre la cris...
Todos los peruanos de buena voluntad tenemos que respaldar las alertas en contra de la decisión de las bancadas legislativas de seguir creando gasto estatal, sobre todo a través del incremento del gasto corriente. De lo contrario el déficit será incontrolable y el aumento de la deuda pública asemejará a la economía nacional a las sociedades devastadas por la izquierda hispanoamericana.
Si entre el 2021 y el 2025 se han aprobado cerca de 100 leyes que suman S/ 36,000 millones de gastos, entonces el Congreso debe ser detenido en el avance de tamaña irresponsabilidad que puede terminar destruyendo uno de los principales activos de la economía: la macroeconomía. Si ahora existen más de 352 proyectos que aumentan el gasto estatal y algunos podrían representar alrededor de S/ 25,000 millones, entonces hay que exigir al Ejecutivo, al sector de Economía y Finanzas, que detengan la fiesta fiscal de la reelección parlamentaria y se observen las leyes irresponsables.
Todo eso está muy bien. Y los peruanos que pretendemos lo mejor para el país tenemos que apoyar. Sin embargo, algunos nuevos defensores progresistas conscientes de la estabilidad fiscal no nos dicen nada sobre el tamaño actual del Estado. ¿Se puede luchar por la sostenibilidad fiscal del país sin poner en el banquillo de los acusados al Estado burocrático, sus 19 ministerios, oficinas y sobrerregulaciones? Si no se hace eso no hay seriedad. No hay responsabilidad. La lucha por la estabilidad fiscal puede ser un gambito para la política.
El Estado peruano –a través del gobierno central, los gobiernos regionales, los municipios, las empresas públicas y los servicios de la deuda pública– consume más de un tercio del PBI nacional, que sobrepasa los US$ 300,000 millones. Es una cantidad gigantesca para una economía de ingreso medio que necesita transformarse para formalizar la economía y la sociedad.
Algunos ejemplos. Desde el gobierno de Humala el Estado comenzó a sobrerregularse de manera dramática, mientras los políticos no dejaban de crear ministerios. Por ejemplo, en la minería se pasó de 15 trámites para los proyectos mineros a más de 265, y se detuvo en seco el ciclo de inversiones mineras en el Perú, no obstante el superciclo de precios de los minerales. Igualmente, los políticos no dejaron de crear ministerios hasta llegar a los 19 despachos actuales –algunos de los cuales no tienen ninguna justificación, más allá de las agendas ideológicas–, en tanto el gasto corriente crecía en alrededor de 20% anual.
Ministerios como el de la Mujer, de Cultura, Medio Ambiente y de Trabajo –cada uno de los cuales consume más de S/ 10,000 millones anuales– en cualquier estrategia de racionalización podrían convertirse en direcciones especializadas de otros ministerios y estaríamos hablando de un ahorro considerable en el gasto. Igualmente, la privatización de Petroperú –una verdadera rémora que consume recursos fiscales como recuerdo directo del Estado empresario que empobreció a la sociedad– debería ser un tema de agenda inmediata para la próxima administración.
Si el gasto del Estado no se reduce por lo menos a la mitad, ninguna estrategia de estabilidad fiscal funcionará. El nivel de gasto, inevitablemente, creará la necesidad de aumentar impuestos. En este contexto es urgente detener el festival de gasto público en el que se embarcan las bancadas legislativas con el objeto de garantizar la reelección parlamentaria.
Algo más. El nivel de gasto y el Estado burocrático no solo bloquean las inversiones con sus sobrerregulaciones y aduanas, no solo alejan a las unidades más pequeñas de la economía de la formalidad, sino que se convierten en las principales murallas de otras reformas. Por ejemplo, cómo se puede imaginar una reforma tributaria que simplifique el cobro de impuestos y rebaje tasas con el objeto de formalizar a la economía y la sociedad. En otras palabras, cómo se puede trasladar recursos de la burocracia al sector privado para multiplicar la inversión y la reinversión, generar empleo y reducir la pobreza.
Imposible con el actual Estado burocrático.
















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