El desprecio al voto popular

En el Perú se ha consolidado, durante los últimos tres lustros, un grupo político e intelectual al que en el debate público se suele denominar “caviar”. Este sector ha demostrado una notable capacidad para polarizar a la sociedad, promoviendo narrativas que profundizan la confrontación y el descrédito de las instituciones democráticas. Una de sus expresiones más persistentes ha sido el cuestionamiento al voto popular, visible en la reiterada exigencia de adelantos de elecciones y en la difusión del lema maniqueo “no me representas”, aplicado de manera general al Congreso de la República.

Dicho planteamiento desconoce un principio básico del orden constitucional: el Parlamento es el primer poder del Estado y sus 130 integrantes acceden al cargo mediante elección popular. Esta condición les otorga tanto legalidad como legitimidad democrática. El rechazo indiscriminado al Congreso, sin distinguir responsabilidades individuales, termina por erosionar el respeto al sufragio, que constituye el fundamento del sistema representativo.

Desde una perspectiva institucional, el Parlamento es el único poder del Estado cuya composición cuenta con legitimidad electoral plena. Todos sus miembros han sido elegidos directamente por la ciudadanía. En cambio, aunque el presidente de la República y los vicepresidentes poseen legitimidad de origen electoral, el Poder Ejecutivo en su conjunto no alcanza ese mismo estándar, pues el Consejo de Ministros es designado por el presidente y depende de su confianza política. Esta diferencia no implica una jerarquía moral entre poderes, pero sí una distinción relevante en términos de representación directa.

El uso reiterado del “no me representas” como consigna política responde, en ese sentido, a una estrategia discursiva que busca deslegitimar al Parlamento como institución, más que fiscalizar conductas concretas. Resulta innegable que existen congresistas corruptos o manifiestamente ineficientes; sin embargo, estos casos no anulan el hecho de que todos los parlamentarios, sin excepción, han sido elegidos por el cuerpo electoral peruano. La crítica legítima debe dirigirse a las personas y a sus actos, no a la institución en su conjunto.

En conclusión, el Parlamento no es nocivo por naturaleza. Lo que resulta perjudicial es la actuación de determinados integrantes que, por interés personal o cálculo político, degradan su función representativa. Desconocer al Congreso como expresión del voto popular equivale a desestimar la voluntad ciudadana. Preservar la institucionalidad democrática exige defender el principio de representación, aun cuando ello implique ejercer una crítica severa y responsable a quienes no están a la altura de su mandato.