En los Andes, la minería es determinante para reducir pobreza

En los Andes peruanos las inversiones mineras son determinantes para que las regiones, provincias y distritos, abandonen las exclusiones de varios siglos atrás y se encaminen al desarrollo y la modernidad. Dos ejemplos que contrastan son los casos de Apurímac y Cajamarca. En la primera región el proyecto de Las Bambas se ha convertido en un poderoso motor antipobreza, mientras que, en la segunda, la postergación de las inversiones mineras la condena a la pobreza y la exclusión.

Cajamarca es una de las regiones más pobres del Perú, con el 44.3% de la población afectada por esta lacra económica y social. De otro lado, en esa región se emplazan 16 de los 20 distritos más pobres del país y más de la mitad de la población carece de servicios de agua y alcantarillado. Y, una de las cosas más graves, el retraso en el desarrollo de las infraestructuras hídricas determina que los agricultores practiquen una agricultura de sobrevivencia, con una sola cosecha al año. Si hubiese agua almacenada en represas podrían desarrollar dos o más.

Si Cajamarca hubiese ejecutado su cartera de inversiones mineras de más de US$ 18,000 millones hoy tendría uno de los ingresos per cápita más alto del Perú, se habría desarrollado un cluster minero industrial, se habría construido un tren hacia la costa y todos los problemas de agua y electricidad habrían sido resueltos. En este contexto, la pobreza estaría debajo del 10% de la población. La postergación y retrasos de las minas Conga, La Granja, El Galeno, Michiquillay, entre otros, representa un verdadero crimen social en Cajamarca.

Muy por el contrario, en Apurímac, el desarrollo del proyecto Las Bambas ha posibilitado que, por primera vez en la historia republicana, los niveles de pobreza se ubiquen debajo del promedio nacional. En el 2022 la pobreza en la región registró un 24.7% de la población en tanto que, a nivel nacional, está lacra social llegó al 27.5% (es decir, más de 9 millones de peruanos). De esta manera, Apurímac se convirtió en la región que más pobreza redujo luego de la pandemia, no obstante la destrucción y devastación que desencadenó el Gobierno de Pedro Castillo.

Al respecto vale señalar que, desde el inicio de las operaciones, Las Bambas ha posibilitado incrementar en 200% el PBI de Apurímac. Con una inversión de más de US$ 10,000 millones la mencionada mina representa el 1% del PBI nacional, el 9% del PBI minero y más del 75% del ingreso de la región apurimeña. Las Bambas, una de las diez minas de cobre más grande del planeta, igualmente, ha permitido crear 8 mil puestos de trabajo directos y más de 75 mil indirectos. Asimismo, alrededor de la mina se ha creado una red empresarial que ofrece servicios en transporte, hotelería y alimentación, que genera multitud de ciclos virtuosos y de bienestar.

Las cosas son tan evidentes que antes de Las Bambas, Apurímac estaba en los últimos puestos de las regiones en cuanto asignación presupuestal. En la actualidad se ubica entre las primeras.

Por todas estas consideraciones, a nuestro entender, la violencia y el asalto a las minas que desarrollan los sectores de radicalismo antiminero significan verdaderos crímenes sociales contra los pobres. Desde el inicio de las operaciones, Las Bambas acumula más de 17 meses de bloqueos en la carretera que impiden trasladar el mineral hacia el puerto. Igualmente, decenas de pobladores invadieron el tajo Chalcobamba para desarrollar minería ilegal, impidiendo que la mina comience a explotar esta área. 

Todos estos hechos explican que el 2022 Las Bambas apenas produjera 220 mil toneladas métricas de cobre (TMC), no obstante tener una proyección de producción anual de 400 mil TMC.

El Perú, entonces, no debe permitir que el radicalismo extremista ataque y pretenda detener el principal motor antipobreza de la región.