En Economía, el Gobierno controla a la oposición

Cuando se observa la falta de un proyecto económico en la oposición –que se ha enfrentado a la instalación de una asamblea constituyente–, la llegada de Pedro Castillo al poder no parece un hecho demasiado arbitrario. Si los sectores que defienden la Constitución y el equilibrio de poderes en el país, no tienen claridad sobre cuál es el papel de la inversión privada, el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza en la preservación de las libertades, entonces, ¿cómo se puede enfrentar las propuestas colectivistas y progresistas, cuya naturaleza se define en base al anticapitalismo?

La falta de una visión económica en las fuerzas democráticas es una de las mayores expresiones de la hegemonía cultural de los relatos y narrativas de la izquierda que han encumbrado a Castillo en el poder. Al parecer toda la oposición, dentro y fuera del Congreso, ha asumido todas las fábulas que demonizan a la empresa privada. De allí el silencio del Congreso y de la oposición frente a la ofensiva laboral que han lanzado el Gobierno y las corrientes progresistas y comunistas.

Si bien el Ejecutivo no ha logrado implementar su proyecto de asamblea constituyente ni las nacionalizaciones de los recursos naturales, sí ha lanzado una ofensiva en el terreno laboral que pretende colectivizar las relaciones de trabajo y destruir la inversión privada. A nuestro entender, esta ofensiva representa una de las mayores modificaciones al modelo económico vigente en las últimas tres décadas, que ha permitido triplicar el PBI y reducir la pobreza del 60% de la población a 20% antes de la pandemia. Luego del coronavirus este flagelo afecta al 25% de la población.

La inversión privada en el Perú, entonces, está bajo ataque general sin necesidad de que se haya instalado una asamblea constituyente ni se haya aprobado una reforma o una ley en el Congreso. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en primer lugar, ha logrado alejar a todos los sectores empresariales del Consejo Nacional del Trabajo sin que la oposición se atreva siquiera a plantear un reparo. En un país en donde la inversión privada es la fuente de casi toda la riqueza y el Gobierno la ataca sin mayores argumentos y la oposición no dice nada, pues, se podría casi hablar de un modelo socialista, colectivista en pleno desarrollo. ¿O no?

Si el sector privado aporta el 80% de los ingresos fiscales y genera el 80% del empleo en los mercados formales e informales, y no hay sectores políticos que defiendan el crecimiento, se puede concluir que se ha cambiado de modelo económico. Y eso es precisamente lo que parece estar sucediendo con el silencio de la oposición.

Como todos sabemos el sector Trabajo ha promulgado decretos laborales que promueven la sindicalización en fábricas, sectores económicos, grupos empresariales, y que liberalizan el derecho a huelga y prohíben la tercerización laboral en los núcleos de la empresa (norma hoy suspendida en su aplicación por Indecopi). Y el MTPE promulgó estos decretos sin consultar con el sector empresarial –como lo establecen los tratados internacionales–, a tal extremo que la propia OIT criticó el unilateral procedimiento.

Por estas razones los empresarios se retiraron del Consejo Nacional del Trabajo del MTPE. ¿Acaso no se entiende que las señaladas normas apuntan a convertir al sector formal en una región propicia para la guerra de clases que suelen promover las corrientes comunistas y progresistas? ¿Acaso no se entiende que con semejantes decretos no habrá nuevas inversiones que relancen el crecimiento y la reducción de pobreza?

En síntesis, es lamentable la orfandad ideológica y programática de la oposición. Las normas laborales que declaran derechos al margen de la productividad real de la economía –es decir, de la capacidad crear riqueza– solo alientan la guerra de clases, paralizan las nuevas inversiones y, poco a poco, van construyendo el modelo del estado empresario y el estado empleador de una eventual asamblea constituyente.