Empresarios demandan restablecer el diálogo tripartito

El presidente de la Confiep, Alfonso Bustamante Canny, demandó el restablecimiento del diálogo entre el Estado, los trabajadores y los empresarios para el desarrollo de la normatividad laboral en el Perú y subrayó la enorme importancia de este principio para alcanzar el bienestar de los trabajadores. Durante la 111 Conferencia Internacional de Trabajo, que se desarrolla en Ginebra, señaló que los trabajadores y los empresarios forman un binomio que se concreta en la empresa. De allí la enorme importancia, agregó, de fortalecer esta relación.

Al respecto vale señalar que durante el Gobierno de Pedro Castillo, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) promulgó tres decretos laborales que prohibían la tercerización laboral en los núcleos principales de la actividad de una empresa, que fomentaban artificialmente la sindicalización en fábricas, sectores económicos y grupos empresariales, y que liberalizaban en extremo el derecho de huelga. El objetivo de estas normas fue acrecentar la conflictividad social en los sectores modernos de la economía para bloquear o detener inversiones. De alguna manera, los mencionados decretos eran uno de los rostros de la propuesta de la asamblea constituyente en el mundo laboral.

Uno de los hechos más graves de estos decretos fue que se promulgaron sin consultar a los representantes del empresariado que participaban en el Consejo Nacional de Trabajo del MTPE. El asunto fue tan evidente que la propia Organización Internacional del Trabajo emitió una declaración criticando con dureza la exclusión del empresariado de parte del MTPE. Las normas y el método de promulgación de las señaladas normas formaron parte de la llamada Agenda 19, del MTPE durante el Gobierno de Castillo y que pretendía convertir el mundo laboral un escenario de guerra de clases en donde el bienestar de los trabajadores dependía de las plataformas y las luchas sindicales.

Semejante apuesta laboral ignoraba que todas estas fórmulas que excluyen al empresariado del desarrollo de la normatividad laboral están condenadas al fracaso, tal como sucedió en las pasadas experiencias de la Unión Soviética y hoy pasan en Venezuela y otros países vinculados al eje bolivariano y el colectivismo. La exclusión del empresariado, las expropiaciones y la creación de empresas estatales se han convertido en las mayores fábricas de pobreza de la humanidad del mundo moderno.

Durante el Gobierno de Castillo se rompió el principio tripartito y se excluyó al empresariado de las decisiones laborales, no obstante que el sector privado aporta el 80% de los ingresos fiscales del Estado y genera más del 80% del empleo a través de los mercados formales e informales. Igualmente, en las últimas tres décadas, la pobreza descendió del 60% de la población a solo 20% antes de la pandemia (hoy está en 27.5%) gracias a la inversión privada y la creación de empleo. Los organismos multilaterales –como el Banco Mundial– estiman que del total de pobreza reducida en el país el 80% es aporte privado.

Otro de los aspectos que resaltó el presidente de la Confiep durante el evento de la OIT en Ginebra es el de la informalidad y el tejido empresarial. Señaló que hoy la informalidad laboral bordea el 76% del empleo, una de las tasas más altas de los últimos 15 años y precisó que el tejido empresarial del país está constituido por el 99% en pequeñas y medianas empresas. Las cifras presentadas por el presidente de la Confiep son escalofriantes: 13.5 millones de trabajadores carecen de protección social por la informalidad, mientras que solo 4.5 millones gozan de los beneficios laborales del empleo formal.

Como se aprecia con absoluta claridad, la reforma laboral es una de las grandes reformas que debe abordar el Ejecutivo y el Congreso para relanzar el Perú y el crecimiento económico.