El principal motor antipobreza en Apurímac

La minería se ha convertido en un motor antipobreza determinante en algunas regiones. Si bien el nivel de formalidad de la economía y de la sociedad determina si el avance en contra de la pobreza es un proceso sostenible, resulta incuestionable que la minería es un factor que acelera el avance contra este flagelo social.

Para reflexionar sobre las relaciones entre la minería y la lucha contra la pobreza vale considerar la realidad de algunas regiones, tomando los indicadores del INEI del 2022 con respecto a este fenómeno. Por ejemplo, Cajamarca, una de las regiones con la mayor cartera de proyectos mineros bloqueados y paralizados, es una de las regiones más pobres del país con el 44.3% de su población bajo pobreza y 16 de los 20 distritos más pobres del país. Es evidente que con la recesión en curso y el bajo crecimiento las cosas se agravarán. Muy por el contrario, Moquegua, igualmente, otra región minera con grandes proyectos mineros en desarrollo –entre ellos Cuajone y Quellaveco– representa todo lo contrario. Las cifras moqueguanas comparadas con las de Cajamarca parecen de otro país: el año pasado tuvo solo 12.8% de su población en pobreza.

El caso de Apurímac es extremadamente interesante porque se trata de una región con alta informalidad, al igual que todas las regiones andinas; sin embargo, muestra un avance significativo en la reducción de pobreza gracias a la inversión de Las Bambas. El 2022 Apurímac registró un 24.7% de la población bajo pobreza y, por primera vez en la historia republicana, se ubicó debajo del promedio nacional de este flagelo nacional que suma 27.5%, es decir, más de nueve millones de peruanos pobres. Asimismo vale destacar que, luego de la pandemia, Apurímac es la región que más ha avanzado en la reducción de esta lacra social, una de las más inaceptables en cualquier sociedad.

Para entender la magnitud de las relaciones entre minería y pobreza vale señalar que Cajamarca, por ejemplo, podría ser una de las regiones con el ingreso per cápita más alto del país, considerando la cartera de inversiones mineras que sobrepasa los US$ 18,000 millones. Los proyectos Conga, El Galeno, La Granja y Michiquillay, entre otros, están retrasados en su ejecución por una conflictividad social artificial que alientan los sectores radicales. Y allí están los resultados: una de las regiones más pobres del país y con más de la mitad de familias sin agua potable, alcantarillado ni electricidad.

Por estas consideraciones es necesario subrayar el papel de la minería y Las Bambas en el avance en contra de la pobreza en Apurímac. Desde el inicio de las operaciones de la señalada mina, el PBI de la región Apurímac, en términos generales, se incrementó en 200% gracias a la inversión minera de más de US$ 10,000 millones. Asimismo, vale destacar que Las Bambas representa el 1% del PBI, el 9% del PBI minero y alrededor del 75% de la economía de la región apurimeña.

Las Bambas genera más de 8,000 empleos directos y más de 75,000 indirectos y, en las zonas de influencia directa de la operación minera, ha promovido un tejido empresarial en servicios de transporte, metalmecánica, hotelería, turismo y otros, que explica el avance contra la pobreza regional. 

Por otro lado, vale destacar el aporte de la mina en los ingresos de la región a través del canon y las regalías mineras. Antes del inicio de las operaciones de Las Bambas, Apurímac se ubicaba penúltima en cuanto a asignación presupuestal. Hoy está entre las primeras regiones del país. Y resulta incuestionable el papel de Las Bambas en la lucha contra la pobreza. Si en la región no se avanza más en el cierre de las brechas sociales, pese a los recursos fiscales existentes, es por el fracaso del Estado en la distribución de la riqueza generada por la minería.