A inicios del nuevo milenio diversas proyecciones y economista...
El Gobierno de Pedro Castillo no sabe cómo enfrentar el desborde social que ha forjado con mano propia. Un desborde que ha estallado en Huancayo, ya causa cuatro lamentables muertes, y que amenaza con persistir a nivel nacional con el paro de los transportistas y el bloqueo de las carreteras.
El Ejecutivo anuncia que suspenderá temporalmente el 90% del Impuesto Selectivo al Consumo de los Combustibles (ISC) y precisa que el 10% restante es responsabilidad del Congreso. Asimismo, desde el Ministerio de Economía (MEF) se propone un proyecto de ley para eliminar temporalmente el IGV en los precios del pollo, el pan, los fideos y otros productos claves de la canasta básica familiar. Casi paralelamente Fuerza Popular también plantea la eliminación temporal del ISC.
De pronto una oposición que estuvo muy entretenida, jugando al radicalismo adolescente de dos vacancias presidenciales sin tener los votos suficientes en el Legislativo, y que se olvidó de defender la economía de mercado y la inversión privada, parece converger con las inevitables y desesperadas medidas del Ejecutivo para contener la ira popular. Algunos incluso hablan de suspender el pago de los peajes y, de pronto, el régimen económico de la Constitución de 1993 y el respeto a los contratos del Estado peruano también se podrían suspender temporalmente por el desmadre nacional que ha causado la interrupción abrupta de tres décadas de crecimiento y de proceso de reducción de pobreza.
La suspensión temporal del ISC le costará al fisco entre S/ 250 y S/ 300 millones mensuales. Una suma que puede ser absorbida por los enormes ingresos que le posibilita al Estado la legislación tributaria que rige la minería moderna. Sin embargo, semejantes forados fiscales solo pueden ser temporales. De ninguna manera permanentes, porque significarían cambiar el modelo económico.
De otro lado, en el MEF incluso se comienza a hablar acerca de que los nuevos proyectos mineros no son prioridad para el Gobierno –a diferencia de otros emprendimientos–, en el preciso momento en que existe un superciclo de precios de minerales, sobre todo el del cobre. Quizá para entender la gravedad de este tipo de declaraciones solo habría que recordar que el Perú es el segundo productor mundial de cobre. Así estamos.
El desborde social de las masas que se avecina si bien tiene que ver con el incremento de los combustibles, los fletes y los precios de la canasta básica –generados casi todos por la guerra en Ucrania–, principalmente es causa del desplome de la inversión privada que no permite recuperar el empleo y los niveles de reducción de pobreza previos a la pandemia. Por ejemplo, el ingreso promedio de los peruanos hoy se sitúa en S/ 1,400 no obstante que en la pandemia superaba los S/ 1,600.
La caída de la inversión privada apenas permitirá crecer menos de 3% del PBI, una cifra que no permite reducir la pobreza. Un punto del PBI crea alrededor de 90,000 empleos y cada año se incorporan cerca de 300,000 jóvenes a la economía. ¿Cómo reducir la pobreza con ese crecimiento?
Vale señalar que, por los precios altos de los minerales, el Perú podría estar creciendo por encima del 6%. Sin embargo, los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones han pulverizado el crecimiento de la inversión privada.
En este contexto, el populismo que suspende temporalmente reglas básicas de la economía de mercado, a nuestro entender, solo conduce al plan comunista que busca la gradual colectivización de la economía como parte de la estrategia general de la asamblea constituyente, Cada vez que se pone en suspenso un principio de la economía de mercado se consolida la estrategia de demonizar al régimen económico de la Constitución, y presentarlo como el enemigo de las mayorías nacionales.
La única manera de superar el populismo pasa por fomentar el crecimiento de la inversión privada y la creación de empleo. Si la oposición olvida este criterio, el colectivismo ya comenzó a ganar.
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