¡El plan insurreccional del 19 de julio pretende quebrar la economía!

Durante el primer semestre del 2023 el crecimiento de la economía ha sido cero, con una tendencia clara a una recesión del aparato productivo. Según todas las previsiones, el Perú solo podría crecer en alrededor del 1% en el 2023 y la pobreza (hoy en 27.5% de la población) se incrementará en más de un punto. De esta manera, el casi nulo crecimiento convertirá a la sociedad peruana en una en la que aumenta la pobreza, con un tercio de su población afectada por este flagelo.

Luego del Gobierno de Pedro Castillo y sus proyectos de la asamblea constituyente y las nacionalizaciones, luego del golpe fallido de fines del año pasado, después de las olas insurreccionales del verano pasado, el Estado de derecho sobrevive, pero la economía de mercado agoniza y se dispone a entrar en recesión. Creemos que en este resultado se grafica el éxito del plan bolivariano en el Perú, más allá del fracaso del golpe de Castillo. El Perú ha comenzado a ser una sociedad que aumenta pobreza gracias al plan político del colectivismo y de los núcleos bolivarianos.

La ralentización de la economía y el aumento de la pobreza, de ninguna manera se puede explicar por la desaceleración de China y los fenómenos climáticos. ¿Por qué? Si el Perú gozara de estabilidad política tendría un flujo de inversiones en minería, agroexportaciones e infraestructuras que, a pesar de China y los fenómenos climáticos, le permitiría crecer sobre el 5% y seguir reduciendo la pobreza. La situación económica del país, entonces, es producto de la eficacia del plan bolivariano y la incapacidad del Ejecutivo, del Congreso y de las bancadas de la centro derecha de relanzar el crecimiento, la inversión y la generación de empleo. Ni siquiera se atreven a derogar los decretos laborales de Castillo.

Es en este contexto en que las vanguardias maoístas y comunistas lanzan el plan insurreccional, que se expresa en una supuesta tercera toma de Lima. El objetivo de este plan de violencia es confirmar que el Perú carece de estabilidad política y, por lo tanto, cualquier proyecto de inversión en el mediano y largo plazo debe postergarse para que la economía entre en recesión y aumente la pobreza. Es decir, que se organice el mejor escenario para una fuerza antisistema en el 2026.

La supuesta tercera toma de Lima para avanzar en este objetivo debe subrayar su contenido insurreccional, a pesar de los maquillajes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las oenegés de izquierda, que pretenden llamar protesta social a verdaderas acciones milicianas. Es decir, acciones violentas, de contenido militar, que ponen en cuestión la vida de los miembros de las fuerzas de seguridad. Y, sobre todo, el plan del 19 tiene un contenido insurreccional porque plantea la quiebra del Estado de derecho: la caída del Ejecutivo y del Congreso y la instalación de una asamblea constituyente. En otras palabras, una estrategia de poder.

El contenido insurreccional del plan del 19 también se explica en que se pretende dejar en claro que “ha surgido un nuevo poder alternativo al Estado de derecho” (los leninistas lo llaman soviet), que se expresará en las calles y plazas en la fecha señalada. Si minorías radicales atacan aeropuertos y bloquean carreteras ante la parálisis de las fuerzas de seguridad –bloqueadas y amenazadas por las campañas de las oenegés de izquierda–, entonces, será evidente que el Estado de derecho en el Perú es relativo. En otras palabras, la estrategia de violencia contra las minas modernas en el corredor minero del sur se ha convertido en estrategia nacional.

En este escenario, ¿quién se atreverá a lanzar una nueva inversión en el Perú? Parece imposible. Y si se atacan algunas empresas, tal como sucedió en las olas insurreccionales pasadas, el mensaje del radicalismo será más contundente.

De esta manera se va empujando a la economía y la sociedad a la recesión para que la pobreza aumente y se organice un escenario totalmente favorable para el antisistema en el 2026. Una estrategia del comunismo dentro y fuera del sistema constitucional, tal como aconteció con el Gobierno de Castillo. 

Sin embargo, el Ejecutivo, el Congreso y las bancadas democráticas del Legislativo, no hacen nada para relanzar el crecimiento de la economía nacional.