¡El Perú necesita que la oposición salve el milagro agroexportador!

En la medida que la vacancia por incapacidad moral del presidente Castillo no sea posible de concretar en el corto plazo –por falta de votos en el Congreso–, la población, la ciudadanía, empezará a interpelar con más fuerza a la oposición democrática que tiene todas las herramientas y las mayorías necesarias para evitar un mayor deterioro del país. 

Por ejemplo, el Gobierno ha frenado en seco la inversión privada con sus anuncios de la constituyente, las nacionalizaciones y la promulgación de decretos laborales que buscan ahogar a la inversión privada. Está demostrado que la falta de inversión representa menos empleo y menos posibilidades de reducir la pobreza. ¿Por qué la oposición en el Congreso no se atreve a derogar los señalados decretos laborales? La misma pregunta vale para la situación del sector agroexportador. La derogatoria de la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), durante la pasada administración Sagasti, ha frenado en seco cualquier nueva inversión en el sector.

Vale recordar que la vigencia de la Constitución de 1993, los 22 tratados de libre comercio firmados por el Perú y la Ley de Promoción Agraria permitieron que las agroexportaciones –durante las últimas dos décadas– crecieran de US$ 621 millones a cerca de US$ 9,000 millones en el 2021. Para el 2022 se proyecta envíos por más US$ 10,000 millones y para el 2023 más de US$ 11,000 millones. Sin embargo, a partir de esa fecha, las agroexportaciones dejarán de crecer por falta de nuevas inversiones.

Lo más grave de todo es que el sector tiene un potencial gigantesco. Por ejemplo, el milagro agroexportador que posibilita generar más de un millón de empleos formales, que ha permitido reducir la pobreza en las regiones agroexportadoras debajo del promedio nacional, y que ha convocado más de US$ 20,000 millones en inversiones, apenas se desarrolla en el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura nacional. Es decir, en alrededor de 250,000 hectáreas.

Es incuestionable que la mayoría de estas tierras fueron ganadas al desierto a través de conocidos proyectos hídricos, Se calcula que, en el mediano plazo, el Perú podría incorporar más de 400,000 hectáreas a la agroexportación se si materializaran todos los proyectos hídricos en cartera.

Sin embargo, el sueño agroexportador del Perú –que diversifica y complejiza la economía, que genera cluster industriales y de servicios en las regiones agroexportadoras– no será posible porque el Gobierno ha desalentado las nuevas inversiones con sus anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones. Y, sobre todo, con la derogatoria pasada de la Ley de Promoción Agraria.

La mencionada Ley N° 27360 establecía un régimen tributario y laboral promocionales con el fin de alentar nuevos emprendimientos. El régimen tributario especial se justificaba plenamente porque ganar tierras al desierto construyendo sistemas hídricos e infraestructura en general requiere años y a veces más de una década para madurar. Es decir, las inversiones alcanzan rentabilidad en el largo plazo.

Igualmente, el régimen laboral basado en la flexibilidad de los contratos permitía a las empresas agroexportadoras contratar trabajadores, con todos los derechos sociales reconocidos, de acuerdo a la estacionalidad de la actividad: siembra, mantenimiento y cosecha. Se conoce que algunas empresas llegaban a contratar hasta 25,000 trabajadores por campaña y, en regiones como Ica, se había llegado a una situación de pleno empleo.

Bueno, ese milagro agroexportador está llegando a su fin. El Gobierno es el principal responsable. Pero el Congreso también comienza a ser parte del problema con su negativa a restablecer la vigencia de la Ley de Promoción Agraria y el inicio de una discusión sobre la reforma laboral. No puede ser que los sectores comunistas y colectivistas tengan una propuesta laboral (allí están los decretos del MTPE), mientras que los sectores que defienden la Constitución y las libertades no la tengan.