El Perú debe movilizarse contra El Niño y resolver déficits de infraestructura

El Ejecutivo ha anunciado que destinará S/ 1,446 millones para desarrollar obras de prevención ante el Fenómeno de El Niño. De ese monto se destinaría S/ 67 millones para Tumbes, S/ 182 millones para Piura, S/ 192 millones para Lambayeque y más de S/ 101 millones para cinco provincias de Lima. Igualmente, en el sector Transportes se informó que se construirán 49 puentes en este año en ocho regiones para evitar que algunos distritos queden aislados frente al fenómeno climático. Asimismo, se anunciaron concursos públicos para la compra de maquinaria para descolmatar ríos y construir canales.

El Estado, el Ejecutivo, pues, comienza a movilizarse y debe reconocerse. Sin embargo, el escaso tiempo para concretar las obras de prevención y la disfuncionalidad del propio Estado atentan contra el éxito de cualquier empresa. En ese sentido, insistimos en que el Gobierno debería convocar a los gobernadores regionales, a los alcaldes provinciales, al Congreso y a la Controlaría General de la República con objeto de desarrollar un proceso de inversiones con eficacia y transparencia, y contemplar incluso la posibilidad de reformas legales para destrabar proyectos e iniciativas.

Sin embargo, creemos que la clave de esta movilización es que en el propio Ejecutivo se reconozca la lamentable situación del aparato estatal, sobre todo luego de la devastación causada por el Gobierno de Pedro Castillo. En ese sentido, se debería convocar al sector privado a convertirse en protagonista central de este proceso de inversiones, habida cuenta que la empresa privada se ha convertido en la columna central de la peruanidad. Como todos sabemos, el sector privado aporta el 80% de los ingresos del fisco y provee el 80% del empleo (en mercados formales e informales) y cuenta con gerencia y capacidades de gestión.

Convocar al sector privado a la movilización en las obras de prevención podría convertirse en el punto de partida del relanzamiento de las inversiones en infraestructuras, proceso muy golpeado por las denuncias de corrupción. Asimismo, vale señalar que el relanzamiento de las inversiones en infraestructura puede convertirse en un eje central en la reforma o rediseño del Estado, porque el proceso incluye al Gobierno central y a los gobiernos subnacionales.

En un estudio de la Asociación para el Fomento de la Infraestructura Nacional (AFIN) y la Escuela de Gestión Pública de la Universidad Pacífico se estableció que el déficit de infraestructuras para el periodo 2016-2025 sería de alrededor de US$ 160,000 millones. Es evidente que ese estudio –uno de los más completos– hoy está desactualizado por los retrasos y postergaciones de inversiones. Sin embargo, permite entender la magnitud del problema.

No existirá relanzamiento del crecimiento, del proceso de reducción de pobreza y expansión del bienestar, si es que el Perú no se decide a resolver los problemas de infraestructuras que atraviesan a la sociedad: falta de sistemas de agua y desagüe, electricidad, carreteras, escuelas, hospitales, puertos, conectividad digital y otros. Para avanzar hacia la solución de esos problemas las naciones desarrolladas han implementado los sistemas de asociaciones público privadas, en las que el Estado y el sector privado asumen los riesgos de la inversión y el último se encarga de la administración y el mantenimiento de las obras.

Cuando los latinoamericanos viajamos a los países desarrollados y nos sorprendemos con sus infraestructuras de primer nivel debemos ser conscientes de que detrás de esas inversiones hay una alianza público privada. Casi nunca una inversión pública por sí sola.

Por todas estas consideraciones, creemos que se debe entender que las obras de prevención y la solución de los déficits de infraestructura pasan por una alianza permanente entre el Estado y el sector privado. En ese sentido, se deberían contemplar todas las reformas legales pertinentes para relanzar las asociaciones público privadas y el sistema de obras por impuestos, mediante el cual las empresas invierten en proyectos de infraestructura regionales a cambio del pago de una parte del impuesto a la renta.

Sin infraestructuras físicas el crecimiento se apagará tarde o temprano.