¡El milagro agroexportador no debe agonizar!

Durante la vigencia de la Constitución de 1993, los 22 tratados de libre comercio y la ley de Promoción Agraria (Ley 27360), el Perú se convirtió en una potencia agroexportadora mundial. En dos décadas, los envíos al exterior crecieron de US$ 627 millones hasta US$ 8,842 millones en el 2021. Nuestra oferta agroexportadora a los cinco continentes se amplió a una variedad de 600 frutas y hortalizas. Se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y se llegó a contratar más de un millón de trabajadores formales de manera directa e indirecta.

Algo más: la pobreza en las regiones agroexportadoras llega a estar debajo de la media nacional. En Ica, por ejemplo, este problema social se situó debajo del 10% de la población nacional (20% en todo el país antes de la pandemia) y se alcanzó el pleno empleo; es decir, la demanda calificada de trabajadores elevó el ingreso por encima del promedio de la remuneración mínima vital nacional y determinó que los trabajadores de las regiones agroexportadoras optaran por el empleo con las mejores condiciones del mercado.

¿Cuál fue la clave de este milagro económico y social? La ley 27360, que establecía un régimen tributario promocional con el fin de alentar inversiones en un sector que demanda varios años para alcanzar rentabilidad. Hay proyectos que incluso maduran en una década. La inversión y reinversión entonces era una constante, y allí la explicación del crecimiento de las exportaciones. 

Igualmente, la Ley 27360 establecía un régimen laboral flexible que posibilitaba contratar por las actividades estacionales en la agricultura: siembra, mantenimiento y cosecha. El sistema laboral flexible de contratos se asemejaba a la flexibilidad laboral de los países desarrollados que han alcanzado el pleno empleo y el bienestar de los trabajadores. Se conoce que algunas agroexportadoras llegaban a contratar a 20,000 trabajadores por campaña, con todos los derechos sociales reconocidos.

Lo más impresionante del milagro agroexportador peruano es que se desarrolló en apenas el 5% de las tierras dedicadas a la agricultura, sobre todo ganando espacio a los desiertos (alrededor de 250,000 hectáreas). El capital, la innovación y el esfuerzo empresarial, entonces, convirtieron los desiertos en oasis productivos. Al respecto vale señalar que el 95% de tierras restantes del agro nacional está conducida por más de dos millones de minifundistas, que desarrollan agricultura en pobreza y subsistencia.

A pesar de todos estos logros, durante el Gobierno provisional de Francisco Sagasti y la conducción de la mesa directiva del Congreso por Mirtha Vásquez, se derogó la mencionada ley, una de las mejores normas económicas de la historia republicana.

La derogatoria obviamente detuvo la mayoría de nuevas inversiones agroindustriales, una situación negativa que se sumó a los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones, del Gobierno de Pedro Castillo. Todos los infiernos se sumaron y se paralizaron los nuevos emprendimientos. Por la inercia de las inversiones previas a la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria las agroexportaciones seguirán creciendo el 2022 hasta los US$ 10,493 millones. Igualmente, el 2023 llegarán hasta los US$ 11,554 millones. Sin embargo, a partir de esa fecha el crecimiento agroexportador se estancará y comenzará a declinar.

Ante nuestros ojos, entonces, estamos permitiendo que se destruya un milagro económico que ha causado envidia mundial y que se convirtió en un verdadero motor antipobreza en las áreas rurales. 

Por todas estas consideraciones, el Congreso debería restablecer en el acto la plena vigencia de la Ley de Promoción Agraria y entender que la única salida para los más de dos millones de minifundistas pasa por beneficiarse de los derechos y posibilidades que se establecen en la Constitución 1993, los 22 tratados de libre comercio y la Ley 27360.