¡El milagro agroexportador en peligro!

El milagro agroexportador del Perú –que en apenas dos décadas incrementó nuestras agroexportaciones de US$ 621 millones a más de US$ 9,000 millones– está en grave peligro porque durante el Gobierno provisional de Francisco Sagasti se derogó la Ley de Promoción Agraria (Ley N° 27360), una de las columnas del marco jurídico –junto a la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio– que posibilitó que nuestras agroexportaciones se expandieran en más de 1,000%. 

A la destrucción del marco jurídico agroexportador se han sumado los anuncios del Gobierno de Pedro Castillo de convocar una asamblea constituyente, de nacionalizar los recursos naturales, y también la promulgación de los decretos laborales del sector Trabajo (MTPE), que prohíben la tercerización, fomentan la sindicalización y liberalizan en extremo el derecho a huelga. 

Semejante escenario ha frenado en seco nuevas inversiones en el sector agroexportador y, por otro lado, ha afectado considerablemente la productividad de las empresas. Si bien las proyecciones indican que los envíos en el 2022 podrían llegar a los US$ 10,000 millones y en el 2023 a los US$ 11,000 millones, las cifras de este año comienzan a ser devastadoras. Por ejemplo, en el primer semestre de este año se envió 1.12% menos en toneladas de frutas y hortalizas que en el mismo periodo del 2021. Vale subrayar que todas las proyecciones señalan que, a partir del 2023, el sector no volverá a crecer, por falta de nuevas inversiones.

¿Por qué ha sido tan devastador para el sector la derogatoria de la Ley N° 27360? Porque establecía regímenes tributarios y laborales especiales. En la medida en que las iniciativas en agroexportaciones demandan grandes inversiones hidráulicas y alcanzan rentabilidad en varios años (a veces en una década), la Ley de Promoción Agraria promovía incentivos tributarios que hoy están eliminados. Los incentivos posibilitaron incrementar la recaudación tributaria del Estado, igualmente, en alrededor de 1,000% en el sector. 

El régimen laboral especial de la derogada ley –al igual que todos los países desarrollados que se acercan al pleno empleo– promovía la flexibilidad laboral para contratar, con todos los derechos sociales incluidos, de acuerdo a la estacionalidad de la agricultura: siembra, mantenimiento y cosecha. En algunas empresas se llegaba a contratar a más de 15,000 trabajadores por campaña. Un salto gigantesco en la formalidad laboral.

Considerando que la legislación agraria derogada convocó más de US$ 20,000 millones en inversiones, permitió contratar a más de un millón de trabajadores –de manera directa o indirecta– con todos los derechos sociales, mientras que en las regiones agroexportadoras la pobreza se redujo por debajo de la media nacional, ¿cómo entonces fue posible semejante legicidio en contra de una de las mejores leyes económicas de las últimas dos décadas? 

En Ica, por ejemplo, se llegó al pleno empleo y –al igual que en los Estados Unidos– había tanta oferta de trabajo que los trabajadores decidían dónde y cómo trabajar. Y, por supuesto, los más calificados comenzaron a ganar largamente por encima de la remuneración mínima vital. Con la derogatoria de la Ley N° 27360 el régimen de flexibilidad laboral ha desaparecido y algunas empresas se orientan a comprar maquinaria tecnificada, mientras que la mayoría busca emigrar a países con legislaciones promotoras de la inversión privada.

El daño, entonces, que se ha causado con la derogatoria de la Ley N° 27360 es devastador. No solo languidece el sector agroexportador, sino que las regiones que prosperaron –sobre todo las del norte– sentirán el impacto y los clusters industriales y de servicios vinculadas a las áreas agroexportadoras igualmente se ralentizarán.

En el Congreso de la República, entonces, debería gestarse una amplia mayoría para restablecer la vigencia de la Ley N° 27360 y enviar una clara señal a los peruanos y al mundo: si bien el Perú existe un Ejecutivo anti inversión, las demás instituciones se siguen rigiendo por la Constitución que favorece la inversión privada y la iniciativa de la sociedad.