¿El MEF va por la expansión del gasto?

El relevo de Betty Arminda Sotelo Bazán del Viceministerio de Hacienda del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y su reemplazo por José Armando Calderón Valenzuela ha encendido las alarmas sobre la posibilidad de que la llegada de Kurt Burneo al MEF signifique una política de expansión del gasto (corriente) en el preciso momento en que la inversión privada crecerá cero en el 2022 y posiblemente se desplome en el 2023.

Los analistas muestran su preocupación porque Burneo se reunió con Julio Velarde, presidente del BCR, para intentar armonizar la política fiscal con la política monetaria, sobre todo en cuanto a la estrategia de la máxima entidad bancaria de elevar las tasas de interés para contener la inflación. La renuncia de Sotelo Bazán, sumada a una estrategia diferente en la contención de la inflación, pues, plantean legítimas preguntas. ¿La presencia de Burneo en el MEF tiene que ver con una estrategia para expandir el gasto? Es decir, con la estrategia de soltar la caja fiscal que podría ser funcional a la estrategia de construir una base social a favor del Gobierno en camino a la constituyente.

Podemos exagerar en la pregunta, pero es absolutamente legítima considerando la naturaleza del Gobierno de Pedro Castillo. En este contexto, las declaraciones iniciales de Burneo –que generaron tranquilidad– acerca de que el Perú necesita crear seguridades para que vuelva a fluir la inversión y que la estrategia de los bonos del Ejecutivo debe focalizarse en los sectores más pobres, pueden diluirse y carecer de sentido en una estrategia heterodoxa de expansión del gasto público.

Si las cosas fueran así, entonces, las declaraciones de Burneo acerca de que el Perú crecerá alrededor de 2.5% este año, que el próximo se podría desencadenar la recesión y que para reducir pobreza el país necesita crecer por lo menos en 5% del PBI, deberían entenderse como argumentaciones a favor de la expansión del gasto público. En otras palabras, no se puede hacer nada para relanzar la inversión privada y solo resta hinchar el gasto público para combatir las tendencias recesivas y generar un crecimiento artificial. Y, en ese contexto, se produciría el regreso de la inversión privada.

Semejante perspectiva es un verdadero despropósito. Si existe un Gobierno que promueve la constituyente y las nacionalizaciones, que pretende liderar una movilización de bases populares contra las injusticias del sistema –para enfrentar las investigaciones del Ministerio Público contra el jefe de Estado– y le sumamos un aumento del gasto público, de una u otra manera, se enterrará el crecimiento de la inversión privada. ¿Qué sector se atreverá a desarrollar nuevas inversiones en ese contexto? Y todas las cosas serán como las profecías autocumplidas del colectivismo: ante el aumento del gasto y del déficit, la inflación seguirá en trepada y ante la continuidad de las tendencias recesivas solo restará apretar el acelerador por la izquierda: expropiaciones y estatizaciones para mantener el apoyo popular.

Por todas estas consideraciones, la posibilidad de salir del atolladero actual solo pasa por relanzar la inversión privada, porque ella representa el 80% del total de la inversión, genera el 80% de los ingresos fiscales y provee más del 80% del empleo (en sectores formales e informales). Además, la inversión privada explica el 75% del total de reducción de pobreza en las últimas tres décadas.

¿Qué hacer entonces para relanzar la inversión privada? No le vamos a pedir al MEF que obligue al presidente Castillo a archivar su proyecto de constituyente porque no es posible que un solo ministro cambie la orientación del Ejecutivo. Sin embargo, el MEF sí puede impulsar la derogatoria de los decretos supremos que prohíben la tercerización laboral, fomentan la sindicalización –por fábrica, rama y conglomerados empresariales– y flexibilizan al extremo el derecho a huelga, porque son verdaderas bombas nucleares en contra de la inversión privada.

Y la derogatoria de los mencionados decretos también es posible porque fueron promulgados sin consultar con el Consejo Nacional de Trabajo. Además serían una señal muy poderosa para que los inversionistas recuperen la confianza en el país. Sobre la base de estas medidas se podría organizar una estrategia público privada para relanzar inversiones en minería y agroexportaciones.

 Si no se avanza por la derogatoria de los mencionados decretos, todo indica que se avanzará por la izquierda, por el aumento del gasto público. Una historia de fracaso que ya conocemos.