Unos días atrás, el nuevo directorio de Petroper...
El Instituto Nacional de Estadística (INEI) acaba de informar que el PBI se expandió 2.68% en el 2022, una cifra trágica considerando que más del 25% de la población está debajo de la línea de la pobreza (cerca de ocho millones de peruanos) y el potencial de la economía peruana para crecer, sobre todo por los inmejorables precios de los minerales en el primer semestre del año pasado.
Lo más grave del crecimiento económico del año pasado es que diversos análisis económicos señalan que para evitar que la pobreza aumente el Perú necesita, por lo menos, expandirse sobre el 4% del PBI. ¿Por qué? Debido a la composición demográfica nacional, cada año en el país se incorporan alrededor de 300,000 jóvenes a la población económicamente activa. Por otro lado, cada punto de crecimiento del PBI genera cerca de 90,000 empleos. Es decir, se necesitan cuatro puntos porcentuales de crecimiento para evitar que la pobreza aumente o se estanque. Únicamente a partir de esa expansión económica es posible proponer la reducción de la pobreza.
Una de las cosas más llamativas en el crecimiento del PBI del 2022 es la caída en general del sector minero. Vale anotar que las exportaciones mineras del año pasado sumaron US$ 37,711 millones; es decir, se registró una caída del 5% con relación al 2021 (los envíos llegaron a los US$ 39,680 millones). ¿Cómo fue posible semejante resultado con los récords de precios en los minerales que se alcanzó en el primer semestre del año pasado?
Es incuestionable que el Gobierno de Pedro Castillo y el empoderamiento político de las minorías radicales en sus ataques a las inversiones mineras representan las principales explicaciones de la contracción en el sector minería no obstante que el precio del cobre alcanzó niveles históricos (sobre los US$ 4.50 la libra). La mina Cuajone estuvo paralizada por la violencia durante 54 días y Las Bambas más de 50.
Sin embargo, la caída de la inversión privada en general no solo se explica por el Gobierno de Castillo. Vale desarrollar una ucronía económica para entender las oportunidades que empieza a perder el Perú en su calidad de segundo productor mundial de cobre. El país produce 2.5 millones de toneladas métricas de cobre (TMC) anualmente; sin embargo, si el cinturón de cobre del norte en Cajamarca estuviese en producción (Conga, El Galeno, La Granja, Michiquillay, entre otros) el Perú podría agregar un millón más de TMC a su producción anual. En este contexto, el promedio de crecimiento estaría por encima del 5% y, en pocos años, la pobreza se podría reducir a la mitad (es decir cerca de 12% de la población)
El Perú, pues, se ha bajado del carro del crecimiento y la reducción de pobreza por exclusiva responsabilidad de las izquierdas y sus narrativas en contra de la inversión privada y el capitalismo en general. El asunto empezó antes de Pedro Castillo, cuando en el Gobierno de Ollanta Humala se paralizaron las nuevas inversiones de cobre del Perú. Con el estribillo demagógico de “agua sí, oro no”, se bloquearon las inversiones en Conga y las demás minas de Cajamarca; y el proyecto Tía María, en Arequipa.
Por otro lado, la clase política y el Ejecutivo en general en la última década no ha entendido el papel de la inversión privada, el crecimiento y la reducción de pobreza en la estabilidad política e institucional y se dedica a aprobar leyes populistas que destruyen los pilares de nuestro modelo económico: gastos que vulneran la estabilidad fiscal, el estrangulamiento generalizado del sistema privado de pensiones y otras medidas perniciosas.
Durante el Gobierno de Castillo se lanzó una ofensiva general para destruir el crecimiento y el sector privado. Se promulgaron decretos laborales que prohibían la tercerización laboral y que fomentaban la sindicalización artificial en fábricas, sectores económicos y grupos empresariales. Igualmente se promovió la liberalización extrema del derecho de huelga. Todas estas medidas tenían el objetivo de ahogar y liquidar el crecimiento de la inversión privada. Y lo lograron: no se conoce de ninguna nueva inversión en el país.
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