El gobierno de las aristocracias sindicales. ¿Y las pymes?

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) y el Ejecutivo anunciaron con bombos y platillos un decreto de urgencia que establecía el fin de la llamada suspensión perfecta. A partir del 2 de octubre, entonces, el empleador no podrá suspender la relación y las obligaciones laborales de manera temporal, tal como se había establecido debido a la emergencia causada por la pandemia y la recesión.

El asunto fue celebrado por el ministro de Trabajo, Iber Maraví, como “una victoria de los trabajadores” y por el inicio del camino de la sindicalización del mundo del trabajo. Hubo incluso un mitin en las puertas del MTPE. Sin embargo, el fin de la suspensión perfecta no representa problema alguno para las grandes empresas y corporaciones, porque cuentan con todas las posibilidades económicas. El tema de la suspensión perfecta –si se aplica– es una encrucijada de vida o muerte para los millones de pequeñas y medianas empresas (pymes) de los mercados populares del Perú. 

Como todos sabemos, el 80% del empleo en el Perú lo provee el sector privado. De ese total de empleo privado, el 85% corresponde al esfuerzo de miles de pymes nacionales. Si la pandemia, el mal manejo de la economía de la administración Vizcarra y el crecimiento cero que se proyecta para el 2022, aumentan las posibilidades de informalidad y amenazan a las pymes, ¿qué sucederá con el fin de la suspensión perfecta? Aparentemente nada, porque en los mercados emergentes no solo funciona la suspensión perfecta de facto, sino también el despido generalizado como una manera de salvar las inversiones familiares y el escaso empleo que resta.

¿Qué queremos señalar? Que la cancelación de la suspensión perfecta es un saludo comunista a la bandera para seguir haciendo propaganda en contra de la empresa privada en el Perú. Si algún efecto tiene solo funcionará en menos del 8% de la PEA que está sindicalizada. 

En el Perú la informalidad laboral sobrepasa el 85% del total de trabajadores. Algo más. En este portal el economista César Peñaranda ha sostenido que luego de la pandemia más de nueve millones de personas han pasado a la condición de subempleados y dos millones de personas se han quedado sin empleo. La pregunta entonces es, ¿si las empresas quiebran por miles, si las inversiones y el empleo no se pueden salvar, a quién se le ocurre mantener las rigideces laborales que impiden contratar trabajadores? Una verdadera locura.

El Ejecutivo en vez de apuntar a flexibilizar la legislación laboral y las condiciones de contrato y despido de trabajadores –tal como sucede en todas las sociedades que han generalizado el empleo formal– apunta a aumentar las rigideces laborales y sueña con un mundo de trabajo con sindicatos, federaciones y soviets, antes que un territorio laboral con pleno empleo en base a la inversión privada. De esta manera, el Ejecutivo solo legisla para las aristocracias de trabajadores sindicalizados que representan menos del 8% de la población en edad de trabajar.

¿Por qué en el Perú existe tanta informalidad laboral? Si bien las causas de la informalidad laboral deben encontrarse en los temas tributarios, en las sobrerregulaciones y en los gobiernos central, regionales y locales (sobrerregulaciones y costos municipales que simplemente ahogan a las pymes) es incuestionable que la rigidez para contratar y despedir es una de las principales causas de la informalidad laboral.

Una sentencia del Tribunal Constitucional que establece la reposición del trabajador en el puesto, en vez de la indemnización correspondiente en caso de despido, simplemente ha vuelto inalcanzable para las pymes las condiciones de la formalidad laboral. En este contexto, el Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo se han convertido en los peores enemigos de las pymes y de la formalidad laboral.