El fracaso del proyecto Conga y sus consecuencias en la minería peruana

En el año 2011 se paralizó la construcción del proyecto minero Conga, en Cajamarca, a pesar de que la empresa concesionaria, Yanacocha había estado cumpliendo con todos los requisitos legales. Incluso ya tenía un estudio de impacto ambiental aprobado un año antes, y estaba en coordinaciones con el entonces gobernador regional de Cajamarca para iniciar la construcción del proyecto. Pero entonces aparecieron los intereses políticos de Ollanta Humala y Nadine Heredia, quienes quisieron utilizar demagógicamente el cierre de este proyecto para ganarse el favor de un sector de la población de Cajamarca. Y con esa decisión no solo se cerró Conga, también se bloqueó una gran posibilidad de desarrollo económico para Cajamarca y todo el norte del país.

En Cajamarca existen seis grandes proyectos mineros cupríferos, dentro de lo que se ha llamado el “cinturón de cobre del norte”.  La cartera de inversiones de estos seis proyectos suma más de US$ 16,200 millones: El Galeno representa una inversión de US$ 3,500 millones; Conga, de US$ 4,800 millones; La Granja, de US$ 5,000 millones; Michiquillay, de US$ 2,000 millones, y Cañariaco Norte, de US$ 1,500 millones. En cuanto a producción, si estos seis proyectos estuvieran operando a plenitud, en conjunto sumarían anualmente 1.5 millones de toneladas métricas de cobre (TMC). Actualmente el Perú produce anualmente alrededor de 2.5 millones de TMC, lo que lo convierte en el segundo productor mundial del metal rojo (después de Chile). Si a esa producción le sumamos los 1.5 millones de TMC de las seis minas del cinturón de cobre del norte, el Perú podría consolidar su posición como uno de los primeros productores mundiales de cobre.

De todos esos proyectos solo Michiquillay –ubicado en la región y provincia de Cajamarca– ya ha iniciado su fase de exploración. Según la empresa concesionaria –Southern Peru– cuando este proyecto esté en funcionamiento producirá 225,000 toneladas métricas de cobre (TMC) anuales, y la mina tendrá una duración de 25 años. Además Southern ha establecido diálogos con las autoridades locales y regionales y las comunidades del entorno del proyecto, para promover programas de desarrollo sostenible en el área. Gracias a ese diálogo se ha llegado a establecer, por ejemplo el Fondo Social Michiquillay (FSM), para que gestione y administre el dinero otorgado por la concesión minera del proyecto.

El Centro de Investigación de Minería, Ambiente y Desarrollo (Cimade) desarrolló en el 2017 un plan conjunto e integral para la explotación de las seis minas mencionadas. Siguiendo ese plan se lograría una sola “huella ambiental”, lo que mitigaría al máximo los posibles impactos. En el plan se establece además que solo sería necesaria una planta de tratamiento de los minerales, así como un único sistema de energía (que sería compartido por todas las minas), un solo sistema de tratamiento del agua y un solo sistema conjunto de disposición de desechos. Y, lo más importante es la posibilidad de establecer un sistema de transporte único para toda la producción de las seis minas, que podría incluir un sistema de vías férreas propio, que dinamizaría toda la economía regional del norte del Perú, beneficiando principalmente a las propias comunidades adyacentes a los proyectos.

La evaluación de Cimade estima que la explotación conjunta de estas seis minas generaría US$ 2,200 millones de utilidades solo en las primeras dos décadas. Lo que se proyecta es algo muy similar a lo que ya existe en el clúster minero de Antofagasta, en Chile, que fue impulsado en los años noventa, sobre la base de las minas Chuquicamata, Radomiro Tomic, La Exótica y La Escondida. Ese cluster minero ya se ha convertido en la zona económicamente más próspera de Chile. 

Volviendo a la realidad actual en el Perú, después de la paralización de Conga y la mayoría de los proyectos mineros del cinturón de cobre del norte se han bloqueado otros importantes proyectos mineros en todo el Perú. El caso más conocido es el de Tía María en el sur. Pero lo más grave es que, con el desgobierno de Pedro castillo, y la abierta hostilidad de su administración con respecto a la minería, se han paralizado todas las nuevas inversiones. Los proyectos que ya habían empezado, como Las Bambas, continúan; pero ya no se desarrollan nuevos proyectos de inversión minera.