¡El Estado debe proteger el corredor minero del sur ya!

El corredor minero del sur, también llamado corredor vial del sur –que se extiende a través de 482 kilómetros conectando las minas más importantes de Arequipa, Apurímac, Cusco, Moquegua, Tacna y Puno–, una vez más será vandalizado y atacado por las vanguardias comunistas y los sectores radicales antimineros, que se han declarado en insurrección contra la Constitución, el Estado de derecho y las leyes nacionales. 

Diversas vanguardias, autoproclamadas representantes de las comunidades y pueblos, han convocado a un paro y huelga nacional para los días 17, 18, 19 y 20 de febrero en la región minera en donde se ubican dos de las minas de cobre más grandes del planeta (Las Bambas y Cerro Verde), y en donde se produce más del 50% del cobre nacional. La convocatoria a la violencia se produce luego de que las oleadas insurreccionales a nivel nacional comenzaran a fracasar en todos los sentidos, por el dramático despoblamiento de las movilizaciones (nunca superaron las 5,000 personas) y porque las instituciones republicanas (Ejecutivo, Congreso, Ministerio Público y Poder Judicial) siguen en pie, no obstante la violencia, la destrucción y las demandas del adelanto general de elecciones y la asamblea constituyente.

Al respecto, vale recordar que, luego del fallido golpe de Pedro Castillo, el corredor minero ha permanecido bloqueado sin posibilidades de que las minas trasladen mineral al puerto, mientras que se atacaban las operaciones mineras de Anabis, Antapaccay, Constancia y Las Bambas. Surge entonces la pregunta ¿cuál es el sentido de la convocatoria de un paro de cuatro días si el corredor minero está bloqueado? La única respuesta: incrementar la violencia y los asaltos a los campamentos mineros para producir mayor atención mediática en Lima, sobre todo cuando la violencia insurreccional comienza a ser derrotada.

Por todas estas consideraciones, el Gobierno, la policía nacional (PNP), las fuerzas armadas, y las entidades del sistema de justicia (Ministerio Público y el Poder Judicial) tienen que implementar un plan de emergencia inmediato para el corredor minero porque, a todas luces, estamos ante la necesidad de preservar un activo estratégico del país. Si el Perú es el segundo productor mundial de cobre, con 2.5 millones de toneladas métricas de cobre de producción anual, ¿cómo no va a ser un activo la zona en donde se produce la mitad del cobre nacional?

Es evidente que para restablecer el Estado de derecho en el corredor minero del sur se necesita del apoyo y la acción de la PNP y también de las fuerzas armadas. Sin embargo, en un Estado de derecho el restablecimiento del principio de la ley y el orden no se basa, principalmente, en el uso constitucional de la fuerza pública, sino en el derecho, en la aplicación de la ley y sus procedimientos.

Por estas consideraciones todos los radicales que violan la Constitución y la ley, que hacen trizas el Estado de derecho en el corredor minero del sur, deben ser identificados y procesados para restablecer la paz social, tal como está sucediendo en Lima, en Ica, en el Callao y otras regiones.

La violencia en el corredor minero del sur ha desplomado la producción de cobre de la zona; en vez de producir el 50% del total nacional, hoy apenas se está llegando al 35%. El ejemplo más dramático es el caso de Las Bambas –una de las diez minas de cobre más grande del mundo– que en vez de producir las 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) proyectados anualmente, el año pasado apenas produjo 220,000 mil TMC.