Que el Ejecutivo y el Congreso actuales desarrollen reformas fundament...
Poco a poco se empieza a crear un consenso en el país acerca de que, sobre el modelo económico basado en la desregulación de precios y mercados, ha surgido un Estado burocrático que consume cerca de un tercio del PBI nacional, de más de US$ 270,000, sin proveer servicios de calidad a la población. El número de ministerios, oficinas y planillas estatales solamente se justifica a través de una sobrerregulación excesiva de procedimientos y una voluntad de ahogar las iniciativas de la ciudadanía y el sector privado. En otras palabras, el Estado burocrático se ha convertido en la negación fáctica del modelo económico, del espíritu desregulador de la economía.
Cualquiera sea el sector económico que se analice, inevitablemente, se encontrará la influencia negativa del Estado burocrático. El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE), en realidad, solo es un ministerio para el 20% o 25% de empresas formales; sin embargo, a las pocas unidades económicas formales se les ahoga con regulaciones y procedimientos que solo pueden enfrentar las grandes corporaciones. De esta manera la legislación laboral es un motor de informalidad y solo funciona en las grandes empresas. Y el sector Trabajo tiende a seguir creando sobrerregulaciones porque no hay otra manera de justificar su existencia.
En minería ha sucedido algo parecido: dos décadas atrás existían entre 12 y 15 procedimientos para impulsar un proyecto minero; sin embargo, hasta la pandemia llegamos con alrededor de 265. Si bien las cosas están cambiando para mejor, ¿cómo así llegamos a estos niveles de burocratización? En el agro, en pesquería y en el turismo, igualmente, siempre encontraremos la misma burocratización del Estado. La burocracia en el Perú está empoderada como nunca.
El gran problema es que la burocracia es la fuente que alimenta y promueve la informalidad en la economía y la sociedad y, de una u otra manera, comienza a convertirse en la muralla que evita el desarrollo de nuevas reformas económicas en el país. Por ejemplo, es imposible imaginar una reforma tributaria que simplifique el cobro de impuestos y reduzca las tasas de los impuestos porque el aumento de la burocracia y la planilla genera un déficit fiscal estructural. Se necesitan más recursos extraídos del sector privado para alimentar al ogro filantrópico del que solía hablar Octavio Paz.
La continuidad del Estado burocrático no solo genera informalidad, sino que perpetúa y aumenta la pobreza, porque la burocracia se dedica a bloquear inversiones privadas. Finalmente, la lógica principal sobre la que avanza el Estado burocrático nos señala que el Estado es la principal fuente de riqueza y prosperidad de la sociedad y que la empresa, y el sector privado solo busca la explotación de la ciudadanía.
El gran problema es que la persistencia del Estado burocrático y de la informalidad es una de las principales causas de la posibilidad del surgimiento de un Estado fallido: no solo acrecienta la informalidad, sino que destruye el modelo económico consagrado en la Constitución de 1993, y semejante estado de cosas, simplemente, derrumba la autoridad del Estado en la sociedad. En este contexto, prosperaran las economías ilegales, tal como lo estamos contemplando en el avance destructivo de la minería ilegal en el país.
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