El proyecto hídrico más ambicioso del sur peruan...
En los últimos días los congresistas Guido Bellido y Roberto Sánchez, netos representantes de la izquierda antisistema, han comenzado una campaña en contra del sistema de concesiones mineras en el Perú, que ha posibilitado, durante tres décadas, convocar más US$ 60,000 millones en inversiones, crear alrededor de 1.5 millones de empleos –entre directos e indirectos– y financiar gran parte de los presupuestos –a través del canon– de los gobiernos regionales y subnacionales. Sin la minería moderna el crecimiento y la reducción de pobreza de las últimas décadas serían imposibles.
Algo más. El actual sistema de concesiones minera ha permitido que el Perú se convierta en una potencia mundial minera y compita codo a codo con Canadá, Australia y Chile en la producción de cobre, oro, zinc, plata y otros metales claves para la actual transición energética y revolución industrial en curso.
El argumento de los parlamentarios anti gran minería es que las grandes concesiones impiden la formalización de los pequeños, levantando una enorme hoguera que oculta el avance de la minería ilegal. En el Perú el 14% del territorio está concesionado para la minería. En esa realidad, únicamente en cerca del 10% de las concesiones establecidas y zonas de parques naturales y reservas de la Amazonía se desarrolla la minería ilegal.
Para avanzar en el tema vale la pena recordar la naturaleza de la minería ilegal: actividades de explotación en concesiones formales en desarrollo. En otras palabras, el minero ilegal viola derechos de propiedad establecidos en los contratos del Estado, respaldados por la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales. Igualmente, el minero ilegal viola las zonas reservadas para la flora y la fauna en la Amazonía. ¿Qué tiene que ver el conflicto de la minería ilegal con la formalización de los mineros informales? Muy poco.
El minero informal ejerce la actividad con trámites administrativos y procesales pendientes y en muchos casos sobre concesiones formales –sobre todo las pequeñas– que necesitan contratos de explotación para formalizarse. En el país los titulares de pequeñas concesiones, de una u otra manera, están obligados a desarrollar contratos de explotación con los informales porque no tienen el capital y las tecnologías para desarrollar la producción en gran escala de las empresas de talla mundial. Planteadas las cosas así, el camino de la formalización en estas realidades es absolutamente posible y viable.
La campaña de Guido Bellido y los congresistas antisistema, en realidad, no pretende formalizar a los miles de mineros informales sino prolongar el conflicto que existe en algunas grandes concesiones, sobre todo en el Corredor Minero del Sur y en la provincia de Pataz, en La Libertad. Por ejemplo, en la Comisión de Energía y Minas del Legislativo ya existen propuestas de dictámenes que proponen extender por un año más la vigencia del Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo, del Minem) y reincorporar a más de 50,000 inscritos que habían sido retirados de este registro. Esos excluidos del Reinfo tenían varios años con los registros suspendidos y, en realidad, su permanencia en el registro solo buscaba legalizar las actividades de la minería ilegal en el Perú. Como todos sabemos, pertenecer al Reinfo exonera de todas las graves sanciones penales que establece la ley en contra de la minería ilegal.
En cualquier caso, será imposible avanzar en contra del desborde criminal en la sociedad si no se contiene el avance de la minería ilegal que, frente al incremento de los precios del oro y del cobre, se convertirá en una espiral sin control. La solución es ejercer la autoridad del Estado de derecho.
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