El Congreso de espaldas a la formalización laboral

En un reciente informe de Apoyo y Consultoría se registra que existen más de 200 proyectos de ley que incrementan la rigidez laboral en el Perú, confirmando que los partidos y las bancadas legislativas, de una u otra manera, se han ubicado de espaldas a la formalización laboral de la sociedad peruana. Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el 75% de los trabajadores en el Perú está en situación de informalidad; es decir, no forma parte de ningún sistema previsional ni de salud.

Según Apoyo, la mayoría de las dos centenas de proyectos en el Congreso están orientadas a proteger al trabajador frente al despido y a la regulación de la remuneración mínima vital. En otras palabras, en el Congreso se sigue insistiendo en los criterios que han desprotegido a los trabajadores y han creado murallas contra la formalización del trabajo. 

¿Cuál es una de las causas principales de la informalidad laboral en el Perú? En el 2001 el Tribunal Constitucional (TC) estableció que, en el caso de despido, el trabajador tenía derecho a exigir la reposición en el puesto de trabajo en vez de la indemnización. En otras palabras, el TC estableció una especie de estabilidad laboral absoluta bajo la creencia de que los puestos de trabajo y los derechos sociales de los trabajadores pueden existir al margen del desarrollo de la economía y la productividad de las empresas. El terrible resultado es incuestionable: dos tercios de los trabajadores (más de 12 millones en informalidad).

En los países desarrollados que han alcanzado el pleno empleo e ingresos per cápita que universalizan el bienestar en la sociedad, el principio del derecho laboral es la flexibilidad en los contratos de trabajo. Estados Unidos, Australia, Singapur, Hong Kong, Nueva Zelanda y algunos países europeos nórdicos han alcanzado el pleno empleo en base a la flexibilidad laboral. Los políticos y el Congreso peruano, entonces, avanzan en sentido contrario absoluto a los intereses de los trabajadores.

De alguna manera los políticos en el Perú están atrapados en las fábulas y relatos que han construido las izquierdas marxistas, que nos señalan que, en el capitalismo, el trabajador necesita ser protegido de la explotación empresarial. Semejantes narrativas existen no obstante que las únicas sociedades que han expandido el bienestar y han consolidado el derecho de cualquier trabajador son aquellas en que la legislación está orientada a promover la inversión.

De allí que, por ejemplo, luego del golpe fallido de Pedro Castillo que frenó el crecimiento y la reducción de pobreza en el Perú, ni el Ejecutivo ni el Congreso, se han atrevido a derogar los decretos laborales promulgados por el gobierno de Castillo. Los señalados decretos prohíben la tercerización laboral, fomentan la sindicalización artificial y liberalizan el ejercicio del derecho de huelga, con el claro objetivo de promover el enfrentamiento entre trabajadores y empresarios.

En el mismo sentido, luego de que el gobierno provisional de Sagasti cometiera la barbarie económica de derogar la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), una norma que establecía la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo, el Congreso no se atrevió ni a restablecer la derogada ley ni aprobar una nueva norma promotora de inversiones en agroexportaciones. Para entender la magnitud de las cosas, vale recordar que, bajo la vigencia de la Constitución, los 22 tratados de libre comercio y la ley de Promoción Agraria, las agroexportaciones crecieron de US$ 651 millones a más de US$ 10,000 millones y el empleo formal aumentó de 460,000 empleos –entre directos e indirectos- en el 2004, hasta más de un millón en la actualidad. Desde la derogatoria de la Ley 27360, todo se ha frenado en las agroexportaciones.

Es evidente, pues, que una de las causas de la imposibilidad de superar el subdesarrollo y las trampas de pobreza es el proteccionismo estatista marxista en la legislación laboral.