El Perú avanza por tres años consecutivos a incu...
En la estructura económica del Perú, el cobre no es solo un recurso natural; es un eje vital. Este metal representa aproximadamente el 10% del Producto Bruto Interno (PBI) nacional y cerca del 30% del total de exportaciones, lo que lo convierte en uno de los principales motores que financian el Estado peruano. En un mundo que acelera su transición hacia energías limpias —paneles solares, autos eléctricos, redes eléctricas inteligentes— la demanda por cobre crece a pasos agigantados. En este escenario, Perú no solo tiene una ubicación privilegiada en el mapa geológico global, sino que cuenta con vastas reservas aún por desarrollar. No obstante, factores como conflictos sociales, escasa acción política y el avance de la minería ilegal han mermado el liderazgo que el país supo tener, siendo recientemente superado por la República Democrática del Congo en el ranking de producción mundial.
En este contexto, la participación del sector privado es clave para reactivar el potencial minero nacional, y Southern Perú —filial del Grupo México— juega un papel fundamental. La empresa no solo es una de las mayores productoras de cobre del país, sino que también opera con una visión de largo plazo: planea invertir alrededor de US$ 10,000 millones en cinco grandes proyectos mineros. Entre ellos destacan Los Chancas (Apurímac), Michiquillay (Cajamarca), Cuajone (Moquegua), Tía María (Arequipa) y la nueva refinería en Ilo. Esta apuesta aumentará la capacidad productiva del país, con un impacto significativo en empleo, recaudación fiscal y desarrollo regional. La producción de Southern creció 7.6% en el primer trimestre de 2024 frente al mismo periodo del año anterior, convirtiéndose en la empresa con mayor producción de toneladas de cobre en el país.
Uno de los proyectos más ambiciosos de Southern es Los Chancas, ubicado en Apurímac. Este yacimiento de pórfido de cobre y molibdeno proyecta una producción anual de 130,000 toneladas de cobre y 7,500 de molibdeno mediante procesos combinados de concentración y lixiviación. Con una inversión estimada de US$ 2,600 millones, la operación será a tajo abierto y está prevista para entrar en actividad en 2030. Actualmente, la compañía enfrenta el problema de erradicar la minería ilegal que destruye el medio ambiente y la necesidad de reiniciar el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y el desarrollo y avance de estudios hidrogeológicos y geotécnicos. Southern también tiene en carpeta una campaña de perforación diamantina de 40,000 metros que proporcionará información clave para el diseño y modelamiento geológico del proyecto.
La presencia de mineros ilegales en el proyecto Los Chancas ha desatado violencia y actos vandálicos en contra los campamentos mineros. Southern ha señalado que parte del problema radica en la permisividad de ciertas autoridades que no se deciden a hacer respetar la Constitución y el Estado de derecho. No obstante estos problemas, la empresa mantiene su compromiso con el proyecto y con un enfoque que prioriza el cumplimiento normativo, la sostenibilidad y el diálogo con las comunidades. La puesta en marcha de esta operación dinamizará la economía regional de Apurímac y, si se maneja con responsabilidad y colaboración estatal, puede ser un modelo de minería moderna en el país.
Otro frente importante es Michiquillay, en Cajamarca, que representa una inversión de US$ 2,500 millones y una proyección de inicio de producción hacia 2032. Desde la adquisición del proyecto, Southern ha perforado más de 80,000 metros y tomado casi 28,000 muestras para análisis químicos. Estas acciones permitirán una estimación precisa de las reservas del depósito, anteriormente en manos de Anglo American. En paralelo, están previstos estudios hidrogeológicos, geotécnicos y metalúrgicos para afinar la planificación del proyecto. La empresa ha dejado en claro que estas tareas están en marcha gracias a la autorización ya obtenida y buscan confirmar el potencial de uno de los yacimientos más prometedores del país.
En conjunto, los proyectos de Southern Perú reflejan tanto el enorme potencial del país como los desafíos que enfrenta la industria minera. Con inversiones que superan los US$ 10,000 millones, la empresa se presenta como un actor indispensable en la tarea de convertir al Perú en una potencia del cobre. Pero este esfuerzo no puede sostenerse sin condiciones claras, seguridad jurídica y una participación activa del Estado para garantizar que el desarrollo minero sea también desarrollo humano y territorial. El cobre está ahí, bajo nuestros pies. Lo que falta es voluntad, cohesión y visión para aprovecharlo de forma sostenible y justa.
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