El cobre de Cajamarca y la posibilidad de un clúster minero

En las alturas de Cajamarca existe un cinturón de cobre capaz de cambiar el mapa productivo del país. Michiquillay, Galeno, Conga, La Granja y Cañariaco forman un conjunto de proyectos que, sumados, representan una oportunidad histórica para la región y para el Perú. La cartera de iniciativas supera los US$ 16,000 millones comprometidos, pero gran parte está paralizada desde hace más de una década.

La decisión de no seguir adelante con Conga en 2011 dejó una huella difícil de borrar: incertidumbre en las comunidades, una oposición organizada y la falta de una hoja de ruta clara que vincule la extracción con la mejora de la calidad de vida local. El resultado tangible es que se dejan de producir, según estimaciones del sector, alrededor de 1.5 millones de toneladas métricas de cobre al año. Una cifra que podría convertirse en ingresos fiscales, puestos de trabajo y servicios públicos que nunca llegan.

Entre los proyectos, Michiquillay destaca como el más avanzado. Otorgado en concesión a Southern Perú en 2018, ya cuenta con estudio de impacto ambiental aprobado y tiene programado anticipar el inicio de obras hacia 2027. El plan de inversión ronda los US$ 2,000 millones, y la operación podría generar aproximadamente 225,000 toneladas métricas de concentrado de cobre anuales durante al menos 25 años, además de subproductos como oro, plata y molibdeno. En la fase de construcción se calcula la creación de decenas de miles de puestos de trabajo directos e indirectos y una cadena de valor que, bien gestionada, permanecería en el tiempo.

Si se aprovecha con inteligencia, un proyecto de estas dimensiones puede ser el motor que genere un polo minero regional: un ecosistema donde empresas, proveedores, centros de formación y autoridades trabajen de manera coordinada. La lógica es aprovechar sinergias —plantas de tratamiento compartidas, soluciones energéticas conjuntas, logística integrada— que reduzcan costos, minimicen impactos y multipliquen beneficios.

Una infraestructura clave en esa estrategia sería una salida ferroviaria competitiva hacia la costa. Un tren que conecte las minas cajamarquinas con un puerto como Bayóvar en Piura no solo abarataría el transporte del concentrado, sino que asimismo estimularía el comercio, la agroindustria y el turismo regional al mejorar la conectividad. Más allá de la exportación, la minería bien ordenada puede dejar una huella positiva en servicios básicos: agua potable, saneamiento, electrificación y centros de salud, si existen mecanismos claros para canalizar recursos.

La experiencia de regiones mineras en el extranjero muestra que la transformación es posible, pero no automática. Donde las empresas, el Estado y las comunidades construyen reglas claras y mecanismos de distribución de beneficios, surgen cadenas productivas auxiliares —transporte, mantenimiento, catering, servicios médicos, ingeniería— que dinamizan la economía local. Para que eso ocurra en Cajamarca será imprescindible impulsar la capacitación técnica y la investigación aplicada: universidades e institutos deberán ajustar su oferta formativa a la demanda de la industria y a las necesidades de innovación ambiental.

Las ventajas económicas son significativas, pero la política pública juega un papel decisivo. Reglas estables sobre regalías, impuestos y permisos, acompañadas de inversiones estatales en infraestructura, reducen la percepción de riesgo y atraen proveedores e inversiones complementarias. La seguridad jurídica y un marco fiscal claro permitirían aprovechar economías de escala y aumentar el valor agregado antes de exportar.

Aun así, el desafío es complejo. No basta con extraer mineral: se requiere ensamblar una visión de largo plazo que integre objetivos de desarrollo social, conservación ambiental y diversificación productiva. Sin un Estado que garantice servicios y normas claras, y sin un compromiso real de las empresas con las comunidades, la riqueza subterránea puede convertirse en fuente de conflicto en lugar de progreso.

La gran pregunta para los próximos años es si habrá la voluntad política y el diálogo necesario para convertir la riqueza mineral en oportunidades reales para las comunidades cajamarquinas. Si se logra, el cobre no será solo un commodity más, sino la palanca que impulse educación técnica, empresas locales y una infraestructura moderna que beneficie a toda la región. Si no, seguirán acumulándose proyectos en los archivos y, con ellos, las oportunidades perdidas para cerrar brechas de pobreza y bienestar. La oportunidad exige rapidez inteligente, acuerdos firmes y responsabilidad compartida: solo así Cajamarca podrá convertir su riqueza en progreso duradero y sostenible.