El BETA del agro y las leyendas laborales

Luego de la derogatoria de la ley de Promoción Agraria (Ley 27360) se aprobó la Ley 31110, que estableció un régimen laboral para la agricultura profundamente sobrerregulado e inclinado a las narrativas ideológicas del progresismo y el marxismo en general. En vez de la flexibilidad laboral en los contratos de trabajo se promovió la creación de sindicatos, federaciones, procesos de negociación colectiva y el Bono Especial para el Trabajador Agrario (BETA), que considera una bonificación del 30% de la remuneración vital sobre el salario de los trabajadores agrarios.

Una de las cosas más sorprendentes es que esta legislación parece expresamente aprobada para arrinconar a las empresas de la agricultura moderna, que invierten en el 5% de la superficie agrícola, sobre todo en la ganada al desierto. El 95% de las tierras restantes, conducidas por más de dos millones de minifundistas, ¿acaso deben formar sindicatos y promover negociaciones colectivas? 

En cualquier caso, la nueva norma aprobada por las izquierdas desconoce el milagro que impulsaba la formalización y la reducción de la pobreza en la agricultura moderna. Según algunas proyecciones en el 2004 en el agro existían 460,000 empleos formales entre directos e indirectos y hacia finales del 2020 –antes de la pandemia– ya existían un millón y medio de empleos, entre directos e indirectos, generados por el sector moderno de la agricultura.

Algunas empresas llegaban a contratar entre 10,000 y 15,000 trabajadores formales –con todos los beneficios sociales incluidos– por cada temporada de siembra, mantenimiento y cosecha. La ley derogada por el progresismo (Ley 27360) contemplaba un régimen tributario y laboral promocionales que fomentaban la permanente reinversión de utilidades y la contratación masiva de empleo formal. De allí que el agro moderno, no obstante, las apenas 250,000 hectáreas en que se desarrollaba, se convirtió en la mayor fuerza formalizadora del empleo en las últimas dos décadas bajo el amparo de la Constitución de 1993, los 22 tratados de libre comercio y la ley de Promoción Agraria derogada.

El efecto social de la multiplicación del empleo formal se percibe en todas las regiones agrarias en donde la pobreza ha bajado muy por debajo de la media nacional. En el Perú el promedio de pobreza se sitúa en 27% de la población nacional; sin embargo, en Piura está en 6%, por ejemplo.

La eliminación de la flexibilidad laboral, pues, es el intento de detener este impresionante avance del empleo formal en la sociedad. Luego de la derogatoria de la mencionada norma se calcula que se pierden entre 80,000 y 100,000 empleos anuales en el agro, mientras que las empresas empiezan a invertir en bienes de capital; es decir, en la compra de maquinarias para suplir el absurdo encarecimiento del empleo. Y por otro lado, las empresas más pequeñas –es decir, el 80% de las unidades agroexportadoras–, que no pueden comprar maquinarias, tienden a desarrollar niveles de informalidad.

En cualquier caso, es más que evidente que la derogatoria de la Ley de Promoción Agraria por las izquierdas es un claro intento de descapitalizar el agro y detener el proceso de reducción de la pobreza. La Ley 27360 estaba concebida para promover una reinversión permanente y el desarrollo de empleo masivo como una manera de enfrentar los efectos perniciosos del minifundio, que generan una agricultura de sobrevivencia. Hoy todo ese proceso se ha detenido. Muy grave.