Ejecutivo y el MEF se rinden con Tía María

El ministro de Economía, Pedro Francke, acaba de señalar que Tía María no avanzará durante la administración Castillo “porque la resistencia social es tan grande que no es viable social ni políticamente en la actualidad”. Con tan devastadora noticia se lanzó un misil nuclear contra las posibilidades de crecimiento en el 2022. Una señal que no solo borra con la mano izquierda los llamados a la inversión internacional en los Estados Unidos, sino que desalentará cualquier nuevo emprendimiento.

El argumento acerca de que el proyecto no es viable por “una supuesta resistencia social” es absolutamente discutible y cuestionable. La alta conflictividad del proyecto tiene que ver con la estrategia del radicalismo antiminero que ha convertido los proyectos de cobre de Conga en Cajamarca y Tía María en Arequipa en casos emblemáticos para la minería nacional. Con estas oposiciones se pretende detener una determinada cartera de proyectos en el sur, y otra igual de significativa en el norte.

Lo más grave: el Ejecutivo asume el discurso del radicalismo antiminero justamente cuando el cobre ingresa a un nuevo súper ciclo de precios que beneficiaría extraordinariamente al crecimiento y a los pobres del país.

Algo muy importante. Considerando que los sectores del radicalismo antiminero, de alguna manera, están representados en el Ejecutivo, un gobierno con una clara voluntad de promover inversiones, buscaría movilizar acuerdos entre el Estado, las poblaciones y las empresas, para viabilizar estos proyectos. Si hubiese la intención de relanzar el país y la minería es lo mínimo que se plantearía una nueva administración. Finalmente, sacar adelante Tía María se podría convertir en el símbolo de una nueva estrategia minera en la que ganarían el Ejecutivo, las poblaciones, las empresas e, incluso, los propios sectores antimineros.

Sin embargo, entre los sectores antimineros no hay la menor buena intención. Por ejemplo, ¿cuáles son las razones para oponerse al proyecto Tía María? No hay un solo argumento atendible. El proyecto Tía María no afectará en nada el consumo del agua de la población y de la agricultura, porque la empresa Southern Perú –concesionaria del proyecto– instalará una planta desalinizadora de agua de mar.

De otro lado, los tajos de cobre del proyecto no afectarán en nada a las actividades del Valle de Tambo. El motivo: la Tapada estará en Yamayo a 350 metros sobre el nivel del mar y a 2.5 kilómetros del valle; y el yacimiento de Tía María estará en Cachuyo a 700 metros sobre el nivel del mar y a 6.5 kilómetros del valle de Tambo. Asimismo, si las actividades en los tajos se desarrollarán a horas en que los vientos corren en dirección contraria al valle, ¿de qué manera se puede afectar a los pobladores y las actividades agrícolas? Los argumentos del radicalismo antiminero, pues, no resisten el menor análisis.

La llamada “resistencia social al proyecto”, entonces, es política e ideológica. No responde a los intereses de la población y del país. Algo así debería de ser de extrema preocupación para cualquier gobierno interesado en la gobernabilidad.

El proyecto de cobre Tía María cuenta con un Estudio de Impacto Ambiental desde el 2015 y una licencia de construcción desde el 2019. Igualmente, se ha absuelto, en un largo proceso de consultas y diálogos, cualquier cuestionamiento ambiental.

El mencionado proyecto demandará una inversión de US$ 1,400 millones y  generará 7,000 puestos de trabajo directos e indirectos en sus diversas etapas de desarrollo. He aquí lo estremecedor en contra de los pobres: se proyecta producir 120,000 toneladas de cobre en momentos en que la libra de cobre llega a los US$ 4.80. Un récord en la historia de los precios del mineral.Y todo eso se podría perder por culpa del radicalismo antiminero.