Ejecutivo avanza en “colectivización” de relaciones laborales

Una de las razones de que en el Perú solo el 20% del empleo sea formal, mientras que el 80% restante es informal, tiene que ver con el hecho de que la legislación laboral de nuestro país está entre las diez más sobrerreguladas del planeta. Según todos los rankings mundiales sobre el tema, el Perú tiene enormes cargas y procedimientos para contratar y despedir trabajadores. En otras palabras, en el país no hay flexibilidad laboral.

Vale destacar que los países que tienen menos desempleo (por debajo del 5% de la población laboral) son aquellos con mayor flexibilidad laboral. Entre esos estados destacan Dinamarca, Suiza, Singapur y Estados Unidos. 

No obstante las altas tasas de informalidad, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) ha empezado a implementar la llamada “Agenda 19”, que busca elevar los costos y los procedimientos de contratación y el despido de trabajadores. 

¿Cómo entender esta posición en contra del sentido común? La única respuesta: una alta ideologización colectivista sobre las relaciones laborales, que identifica al empresario como “un enemigo del trabajador y como una fuente permanente de explotación”. Para el MTPE el empresario no es la fuente del empleo, de innovación e inversiones, sino un “chupasangre que extrae la plusvalía de los trabajadores”.

Únicamente bajo esta premisa se entiende que desde el Ejecutivo se proponga incrementar de uno a tres los sueldos por año, la indemnización que se paga al trabajador por año trabajado en caso de despido injustificado. Si se elevaran de tal manera los costos para despedir un trabajador, ¿acaso las empresas no van a buscar la informalidad para enfrentar la situación? 

Pero eso no es todo. Mediante el Decreto Supremo N° 001-2022 se elimina la tercerización en “las actividades neurálgicas o núcleos de los negocios de las empresas”. Una decisión que no se consultó en el Consejo Nacional del Trabajo, en el que participan los representantes de los empresarios y trabajadores.

Al respecto, de más está señalar que los sectores en donde mayor tercerización existe son energía, minería e hidrocarburos. Ante esta situación la elevación de los costos se trasladará a los precios de los servicios; y en el caso de la minería, se afectará a las empresas vinculadas a las áreas de influencia directa de las minas. Se calcula que más de 2,069 empresas contratistas que tercerizan servicios están en peligro.

Algo más. El Ejecutivo igualmente está interesado en incrementar la Remuneración Mínima Vital, como parte de una estrategia populista y efectista.

¿Qué significan todos estos cambios que se avecinan en la legislación laboral? A nuestro entender se trata de las primeras modificaciones al actual modelo que apuntan a la colectivización de la economía. El incremento de los costos para contratar y despedir al margen de la productividad –es decir, al margen de los cálculos y evaluaciones de las empresas (que combinan capital y trabajo)–, inevitablemente, llevarán a la quiebra del sector privado. Aumentar costos y derechos al margen de la productividad es promover la informalidad y la quiebra del sector privado.

Si las cosas apuntan en ese camino, entonces, estamos ante los primeros cambios efectivos del modelo económico. Se podría sostener que el Gobierno no ha podido implementar la asamblea constituyente, no ha podido nacionalizar el gas ni los recursos naturales, no ha logrado materializar su propuesta de segunda reforma agraria sin agroexportaciones, pero sí está colectivizando, estatizando, las relaciones laborales, en contra de la productividad de las empresas.

En cualquier caso, si en el Congreso existe un compromiso con la defensa de la Constitución y las libertades políticas y económicas, se debería entender que sin defensa de la economía de mercado y del sector privado, no se puede preservar la libertad.

Si empieza una ola de quiebras en el sector privado, la pérdida de empleo y aumento de pobreza serán los efectos inmediatos. En este contexto, el discurso contra “el modelo neoliberal”, consagrado en la Constitución, arreciará con el objeto de legitimar una eventual constituyente.