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El desgobierno general de Pedro Castillo ha detenido en seco tres décadas de crecimiento y reducción de pobreza porque la inversión privada ya no seguirá creciendo. Las proyecciones indican que este año crecerá cero y el próximo se caerá. Entre las causas de la caída de la inversión privada, evidentemente, están los anuncios de la constituyente y las nacionalizaciones que destruyeron la confianza de cualquier inversionista. Sin embargo, esos anuncios no se concretaron por la resistencia nacional al cambio del modelo; pero el Gobierno siguió destruyendo la confianza en la economía: promulgó decretos laborales que prohíben la tercerización laboral y fomentan la formación de sindicatos (en fábricas, sectores económicos y grupos empresariales), y se liberalizó en extremo el derecho de huelga. El objetivo: seguir desalentando la inversión privada y avanzar en la colectivización de las relaciones laborales.
El Gobierno, pues, ha logrado el objetivo de detener el crecimiento porque el proyecto de la asamblea constituyente necesita que aumente la pobreza y se incremente la desesperación en los sectores vulnerables, con el fin de cuestionar el modelo consagrado en la Constitución. Sin embargo, en la oposición únicamente existe silencio con respecto a los mencionados decretos.
¿Por qué la oposición no ha derogado los decretos laborales del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE)? Nadie lo entiende. La única explicación podría residir en que los sectores que defienden la Constitución no desean “aparecer defendiendo a la empresa privada”. Si las cosas son así, entonces, allí está la explicación de por qué la izquierda ha llegado al poder. No se ha entendido la relación entre Constitución, libertad, y crecimiento económico.
Si la inversión privada aporta el 80% de los ingresos fiscales del Estado, genera más del 80% del empleo y representa más del 80% del total de inversiones de cada año, necesita ser defendida a capa y espada. Y muy pocos lo hacen. En el Congreso existe la suficiente mayoría de los partidos democráticos para derogar los mencionados decretos del MTPE, que desalientan la inversión privada. Pero no solo existe mayoría para defenderse sino para crear confianza en la inversión privada. Por ejemplo, la Ley de Promoción Agraria (Ley 27360), una de las mejores leyes económicas de la historia –que, junto a la Constitución de 1993 y los 22 tratados de libre comercio, explica el crecimiento de las agroexportaciones de US$ 621 millones a US$ 9,000 millones en el 2021– fue absurdamente derogada durante la pasada administración Sagasti.
En dos décadas de vigencia de la mencionada ley, las agroexportaciones crecieron en más de 1,000%, se captaron más de US$ 20,000 millones en inversiones y se ha llegado a contratar más de un millón de trabajadores (entre directos e indirectos) con todos los beneficios sociales reconocidos.
La Ley de Promoción Agraria tenía un régimen tributario y laboral (en base a la flexibilidad laboral) promocionales. Si bien las agroexportaciones seguirán creciendo hasta el 2023 (se sumarán más de US$ 11,000 millones), luego de ese año empezará el declive por falta de nuevas inversiones. Es decir, desde la derogatoria de la norma en cuestión no hay nuevos emprendimientos en agroexportaciones.
El mayor daño del Gobierno con respecto a la economía ha sido, pues, la promulgación de los decretos laborales del MTPE, que representan los mayores cambios al modelo de las últimas tres décadas. El Congreso podría restablecer la confianza en el sector privado procediendo a derogar los decretos al término de la distancia. Sin embargo, podría ir más allá restableciendo la vigencia de la Ley de Promoción Agraria: se notificaría al país y al mundo que el Gobierno anti inversión no puede implementar su plan contra el crecimiento y se dejaría en claro que las instituciones siguen rigiéndose por la Constitución de 1993.
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