¡Dios mío! ¡Ley de Promoción Agraria ahora!

La semana pasada, en la Comisión de Agricultura del Congreso, se aprobó un dictamen que modifica la Ley de Promoción Agraria (Ley Nº 27360), ley que ha permitido el milagro exportador peruano y una sorprendente reducción de pobreza en las zonas rurales del país. Entre las principales modificaciones del dictamen (todavía en elaboración) están la extensión de la vigencia de la Ley —que vence el 31 de diciembre de 2021— hasta solo el 2024, la ampliación de las vacaciones de los trabajadores a 30 días y el incremento del aporte a EsSalud del 4% al 6%.

El jefe del Gabinete, César Villanueva, y el presidente Martín Vizcarra —quienes, al parecer, no tienen una idea clara sobre los beneficios de la mencionada ley—, se han sumado a las críticas de los aportes a Essalud del orden del 4%. Como se sabe, se argumenta que ese “bajo” aporte contribuye al déficit de S/ 300 millones en Essalud. Sin embargo, los propios empresarios agrícolas y los propios operarios en el campo señalan que el 75% de los trabajadores se atiende en las postas médicas organizadas por las empresas, porque en las zonas rurales no existen centros de salud estatal ni de asegurados. Los empresarios precisan que no adeudan a EsSalud y que el déficit de la institución se explica por las deudas de las instituciones públicas, tales como la Superintendencia Nacional de Aduanas y la Superintendencia de Administración Tributaria (Sunat).

Un estudio de Apoyo Consultoría ha revelado los múltiples beneficios de la Ley Nº 27360 en los últimos 18 años. Por ejemplo, las exportaciones han evolucionado de manera significativa: de US$ 644 millones en 2001 a US$ 5,925 millones en 2017. En el mismo periodo, el precio FOB de las exportaciones de frutas y hortalizas frescas se incrementó de US$ 137 millones a US$ 2,774 millones. Hacia el 2021 el objetivo es duplicar las exportaciones.

Los indicadores de pobreza muestran con claridad las ventajas de la Ley. De 81.3% en 2004, la pobreza se ha reducido a 38.3% en 2017. La mayor reducción de pobreza se produjo en la costa peruana: de 67% a 19%. Es más, las actividades agropecuarias han incentivado la participación de las mujeres. En 2004 representaban el 36.4% de las actividades agrícolas, en el 2015 sumaban el 46.0%. Y los sueldos de los trabajadores de ninguna manera suman montos “esclavistas”, como tituló maliciosamente el diario La República. Todo lo contrario, el promedio es de S/ 1,472, muy por encima de la Remuneración Mínima Vital (RMV).

La Ley ha contribuido a formalizar el trabajo: de 16% en 2004, a 25% en 2017. De 462,000 trabajadores en 2004 a 809,000 trabajadores en 2017, y con todos los derechos que la ley asiste, superando en promedio a otros sectores productivos. Destaca también la contribución al fisco: de S/ 98 millones en 2001 a S/ 539 en 2017. Los beneficios de la Ley sirvieron para incrementar el número de empresas: de 843 en el 2000 a 2,042 en 2017. Es más, en 2001 solamente existían 83 empresas agropecuarias que cubrían el 86% de las exportaciones. Para este año se calcula que existen unas 3,918 empresas.

El milagro exportador peruano debe continuar, siempre y cuando el Ejecutivo y Legislativo organicen juntos la extensión de la vigencia de ley por 30 años. ¿Por qué? Porque distintos proyectos de irrigación permitirán la disponibilidad de 441,500 hectáreas cultivables, que harán posible inversiones de US$5,000 millones. Personas naturales y jurídicas iniciarán de cero todas sus actividades asumiendo todas los riesgos, retos y adversidades (climatológicas) existentes. La proyección de la agroexportación no tiene límites y no podemos contentarnos con las cifras de hoy. En la actualidad los productos peruanos lideran el ranking mundial de algunas exportaciones: primeros en espárragos y banano orgánico, segundos en palta y alcachofa, terceros en mangos y arándanos, y quintos en uvas.

¿Cómo, entonces, no entender la urgencia de extender la vigencia de la Ley e, incluso, ampliarla a otros sectores productivos del país? Qué extraña indiferencia de las principales autoridades frente a una ley que le ha dado tanto al país. ¿Cómo entender que el ala anti inversión del Gabinete Villanueva (Salud, Trabajo e Inclusión Social) se oponga sin argumentos razonables a la extensión de la vigencia de esta ley, si es una de las pocas normas laborales que ha funcionado en los últimos 18 años? ¿Cómo negarle un mejor futuro a 4.3 millones de personas de las zonas rurales dedicadas a la agricultura?