Descartar la constituyente para que el Perú vuelva a crecer

El 2022 puede convertirse en un año radicalmente diferente a todos los previos de la última década. El motivo: la caída de la inversión privada, que solo será responsabilidad del gobierno. No hay una sola razón, ni interna ni externa, para el desplome de la inversión privada, excepto los asuntos políticos.

La caída de la inversión privada se produce cuando los precios de los minerales –sobre todo el del cobre– están en máximos históricos. Cuando el presidente Castillo anunció que desde el Gobierno se promovía una asamblea constituyente se detuvieron tres décadas de crecimiento y proceso de reducción de pobreza. ¿Qué ciudadano o qué empresa va a invertir en un país cuando la autoridad máxima del Estado anuncia que pretende cambiar el régimen político y económico? Parece imposible.

Los economistas señalan que la inversión privada podría caer hasta en dos dígitos. Considerando que el 80% del total de la inversión es aporte privado, semejante caída condena al país a un crecimiento vegetativo en el mejor de los casos o a una súbita contracción. 

Para entender la magnitud del problema que se avecina vale señalar que por cada punto de crecimiento del PBI se generan 90,000 empleos. En otras palabras 90,000 familias que pueden luchar contra la pobreza. Sin embargo, cada año más de 270,000 jóvenes se incorporan a la economía y comienzan a buscar trabajo. En este contexto, solo para absorber la nueva demanda de empleo y evitar el aumento de la pobreza, el Perú necesita crecer por encima del 3% del PBI.

Con los anuncios de la asamblea constituyente, con las amenazas de la nacionalización del gas y la propuesta de la segunda reforma agraria sin agroexportación, los inversionistas han detenido los nuevos proyectos y la mayoría de ellos ha comenzado a emigrar del país. Parece improbable entonces crecer por encima del 3%. Volveremos a ser un país que aumenta pobreza, con alto desempleo e irritación social, solo por la frivolidad ideológica de la nueva administración de negarse a archivar el proyecto de la asamblea constituyente que desorganiza el Perú.

En este contexto el Ministerio de Economía y Finanzas pretende seguir gastando como si el 2020 no se hubiese acumulado un déficit fiscal de cerca del 10% del PBI, y ha emitido dos decretos de urgencia para un crédito suplementario de cerca de S/ 6,000 millones. Asimismo se endeuda al Perú por US$ 4,000 millones y la deuda pública se acerca al 40% del PBI.

¿Para qué esa voracidad fiscal? Si el Estado apenas gasta el 70% de su presupuesto en los niveles de gobierno central, regional y local. ¿Para qué entonces esas ganas de tener más recursos? ¿Para invertir en carreteras, postas médicas y escuelas? Parece que no. La voluntad de gastar tiene que ver con la estrategia de los bonos y las políticas populistas de cara a las elecciones regionales.

Para agravar la tragedia, el MEF pretende implementar un paquete tributario para aumentar los impuestos a los pocos ciudadanos y empresas que tributan en el país, es decir, a cerca del 40% de los contribuyentes. Se quiere entonces más recursos de los privados para financiar los bonos gubernamentales.

Todas las señales que provienen del Ejecutivo, pues, alientan la caída de la inversión privada y la contracción económica.