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El Gobierno Regional de Arequipa tenía como fecha límite el 30 de diciembre pasado para aprobar la Adenda 13 del proyecto hídrico Majes Siguas II, que cambia el sistema de riego del proyecto. El acuerdo con la empresa Cobra, la concesionaria, era que la nueva adenda a aprobarse iba a permitir reiniciar los trabajos del proyecto –detenidos en los últimos tres años– en las primeras semanas de enero.
Sin embargo, el 30 de diciembre no hubo quórum en el Consejo Regional. Los consejeros regionales se fueron de fiesta y condenaron al agro arequipeño a la pobreza permanente. Ahora la empresa Cobra está autorizada para recurrir ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) del Banco Mundial, frente a un Estado que incumple acuerdos y un Ejecutivo que anuncia nacionalizaciones al sector privado.
El proyecto Majes Siguas II es la gran esperanza para la agricultura de la costa sur del Perú: se proyectan incorporar 40,000 hectáreas (ha) a la agroexportación mediante predios mayores a 200 ha que convoquen capitales y tecnologías a la agricultura.
Para entender la dimensión de las cosas, vale señalar que, en dos décadas, las agroexportaciones se han incrementado de US$ 850 millones a más de US$ 7,500 millones, han convocado más de US$ 20,000 millones en inversiones, contratan a más de un millón de trabajadores formales anualmente, y reducen la pobreza en las regiones agroexportadoras por debajo de la media nacional. He aquí lo sorprendente: las agroexportaciones solo se desarrollan en 250,000 ha (toda el área agrícola del país abarca 4.5 millones de hectáreas).
Hablar de la posibilidad de las agroexportaciones en Arequipa, entonces, es imaginar varios motores antipobreza en la región y en la costa sur. Hay que considerar también los empleos indirectos y las cadenas productivas que genera la agroexportación: de 13,500 empresas agroexportadoras a nivel nacional, el 80% son pymes. Incuestionablemente un huracán antipobreza.
Sin embargo, los consejeros regionales de Arequipa al no asistir a la reunión del 30 de diciembre pasado han optado por extender el minifundio que empobrece a las familias de Majes Siguas I (la etapa anterior de Majes Siguas II). Majes Siguas I, uno de los principales proyectos del velasquismo en el sur del Perú, es una suma de pobreza y destrucción del agro. Con una inversión de alrededor de US$ 1,400 millones, proyectó entregar 23,000 hectáreas mediante la modalidad del minifundio. Sin embargo, en 1984 solo se habían entregado 3,000 ha. Finalmente, mediante una combinación de ineficiencias y corrupción en el Estado, se lograron entregar 15,000 ha.
No obstante, el uso desproporcionado del agua, sin criterios mínimos de mercado, determinó que el suelo de las tierras de Majes Siguas I se convierta –como dicen los medios e informes de la zona– en una verdadera bomba de tiempo. Diversos estudios señalan que el nivel freático (agua acumulada a escasa profundidad de la superficie) cada año se incrementa 2.5 metros.
El fracaso del minifundio de Majes Siguas I es el mismo fracaso de los más de 2.2 millones de minifundistas que controlan el 95% de las tierras agrícolas del país. Sin derechos de propiedad, sin posibilidades de asociatividad, sin infraestructuras de agua y sin carreteras, no pueden acceder a créditos, capitales ni tecnologías. En este contexto, a las familias agrícolas solo les resta la llamada agricultura familiar y de subsistencia. La pobreza se convierte en el denominador común.
Los consejeros regionales de Arequipa, entonces, se han vuelto los peores enemigos de los agricultores arequipeños. Y el Gobierno de Pedro Castillo, hoy convertido en promotor de la pobreza, aplaude la decisión. Finalmente, la idea de una segunda reforma agraria sin agroexportaciones es absolutamente coherente con el boicot a Majes Siguas II y a la posibilidad de las agroexportaciones en el sur del país.
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