De la toma de tierras, a la toma de minas. ¡La revolución que empobrece!

En la década de los sesenta la izquierda revolucionaria promovió la toma de tierras y el cambio revolucionario del régimen de propiedad como solución a los problemas del agro. Y, efectivamente, se desarrollaron decenas de tomas de tierras, la reforma agraria se convirtió en agenda de los partidos hasta que llegó el gobierno velasquista, expropió los latifundios y creó cooperativas y koljoses colectivistas. El PBI del Perú cayó en 30%, el 60% de los peruanos se empobreció y el mundo agrario se transformó en una tragedia donde la gente se moría de hambre y la única salida era la emigración a las ciudades de la costa.

Algo parecido puede empezar a suceder con la discusión del proyecto de ley de la Pequeña Minería y Minería Artesanal (MAPE) en el Legislativo y el argumento generalizado de “las llamadas concesiones ociosas”. Con semejante razonamiento, y bajo la Ley General de Minería, en el Perú “se habrían desarrollado concesiones ociosas, especulativas y, por lo tanto, los pequeños mineros informales pueden invadir las áreas de las concesiones sin explotar”, tal como ha sucedido en el tajo Chalcobamba de minera Las Bambas y en diversas zonas de la mina Poderosa, en la provincia de Pataz, en La Libertad. Incluso en el proyecto de ley MAPE se habla de “una servidumbre minera” en concesiones donde no haya explotación sin justificación.

Bajo esta argumentación los mineros ilegales se han apropiado de alrededor del 10% de las reservas probadas que han trabajado las empresas mineras formales en el país. Sin embargo, es necesario desmontar el falso razonamiento de las concesiones ociosas. En el Perú las concesiones formales en promedio tienen más de 10,000 hectáreas. ¿Por qué? La empresa minera formal, luego de consolidar una cantidad de reservas probadas de mineral, titula la concesión y acude al sistema financiero internacional a conseguir el capital de la inversión. Con ese capital empieza a producir en el centro de la concesión (zona de reservas probadas); sin embargo, en el resto de la concesión la corporación comienza un intenso trabajo de exploración con el objetivo de ampliar las reservas y alargar la vida útil de la mina. Bajo este sistema el Perú se ha convertido en una potencia minera mundial y logrado captar más de US$ 60,000 millones en inversiones y crear más 1.4 millones de empleos entre directos e indirectos.

En el Perú apenas el 14% del territorio nacional está concesionado. Por lo tanto, no existen “concesiones ociosas” como argumentan quienes pretenden justificar socialmente a la minería ilegal. Hay un enorme espacio para quienes realmente pretenden trabajar en minería, ya sean pequeños, medianos o grandes. El problema de los mineros ilegales es el robo de las reservas probadas, la expropiación del trabajo ajeno.

A nuestro entender este tema se convertirá en uno de los asuntos más delicados del modelo porque estaríamos ante una clara estrategia del antisistema para liquidar la minería moderna. Esta vez no se trata de la estatización de los recursos naturales, sino de la guerra de clases alrededor del sistema de propiedad, tal como solía fomentar la izquierda antes de la reforma agraria. Antauro Humala, imitando el viejo grito velasquista “la tierra es para quien la trabaja” propuso “la mina es para quien la trabaja”, convirtiéndose el primer teórico de las concesiones ociosas.

Por todas estas consideraciones las bancadas del Legislativo que enfrentaron el golpe fallido de Pedro Castillo y todos los peruanos de buena voluntad, de ninguna manera deben aceptar el populismo minero que fomenta la relativización del sistema de derechos de propiedad consagrados en la Constitución y las leyes nacionales. Avanzar en ese camino podría significar generar otro velasquismo en el siglo XXI, un proceso que definitivamente convertiría a la pobreza en uno de los tristes apellidos del país.