De la constituyente y las nacionalizaciones al empoderamiento sindical

La mayoría de bancadas opositoras al proyecto de la constituyente en el Congreso, así como son incapaces de formar una mayoría para iniciar la transición política del desastre que desata el Gobierno de Pedro Castillo y Dina Boluarte, igualmente se muestran incapaces de derogar el decreto supremo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) que prohíbe la tercerización laboral. Semejante norma, que empezará a regir en los próximos días, pone en peligro 250,000 empleos directos y más de un millón de empleos indirectos. Las bancadas del Congreso, colonizadas por el populismo y sumergidas en el faccionalismo, no se atrevieron a derogar la mencionada norma.

Ante las dudas y las vacilaciones de la oposición del Congreso, el MTPE, como se dice, fue por más y publicó el Decreto Supremo N. 014- 2022- MTPE, que reforma totalmente el Reglamento de Negociaciones Colectivas y el derecho a huelga sin consultar con el Consejo Nacional del Trabajo (CNT). Con esta conducta en el sector Trabajo se contravino disposiciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) sobre la importancia del carácter tripartito (Estado, trabajadores y empresarios) de las medidas laborales. El mencionado decreto representa el mayor cambio del modelo económico en las últimas tres décadas, sin necesidad de instalar una constituyente y sin necesidad de aprobarse una ley. La oposición está tan destruida por su faccionalismo que no puede comprender la gravedad de la medida.

¿Cuál es el objetivo del mencionado decreto? Promover relaciones laborales sobre la base de la acción sindical y al margen de las posibilidades de inversión privada, tal como sucede con el sindicalismo moderno. En ese sentido, el decreto promueve sindicatos por empresa, federaciones sindicales por rama y por grupos empresariales –al margen de las actividades económicas– e incluso plantea sindicatos de diversas profesiones, oficios o especialidades en empresas diversas; también sindicatos de cadenas productivas o redes de subcontratación, y de cualquier ámbito que los trabajadores estimen conveniente.

Como se aprecia, El Estado y el MTPE pasan a promover sindicatos de aquí para allá; es decir, soviets o formas organizativas autogeneradas que posibiliten avanzar en “las reivindicaciones contra de los empresarios explotadores”. El doctrinarismo marxista acerca de la lucha de clases entonces se percibe al primer golpe de vista.

No estamos, pues, estrictamente ante una norma laboral sino ante una estrategia de poder que busca la estatización de las empresas mineras, agroexportadoras, de construcción, de servicios y de comercio, mediante el incremento general de la conflictividad social, a semejanza de lo que sucede en las regiones mineras del país. Como todos sabemos el 80% de los ingresos fiscales son provistos por el sector privado. A destruir esa realidad apunta el intento de colectivizar las relaciones laborales

El señalado decreto liberaliza y empodera la actuación sindical al límite, bajo la implícita concepción de que el empresariado es el enemigo de la lucha de clases. Igualmente se flexibiliza el derecho de huelga y se reducen las posibilidades de una empresa de enfrentar estos imprevistos. Se convierte a la negociación colectiva por rama en el principio rector de las relaciones laborales, y se establece que solo los sindicatos pueden demandar el arbitraje de terceros. En otras palabras, una legislación soviética para arrinconar a la inversión privada que todavía permanece en el Perú.

Por todas estas consideraciones, es válido señalar que la propuesta de la constituyente, de las nacionalizaciones de los recursos naturales y ahora el decreto que empodera al sindicato como la fuente del bienestar del trabajador –en vez de la inversión privada que crea empleo, en vez del crecimiento empresarial que incrementa los salarios– son verdaderos misiles en contra de las posibilidades de nuevas inversiones en el Perú.

A diferencia de la oposición, las corrientes comunistas y colectivistas sí saben lo que quieren: necesitan destruir la inversión privada para iniciar una ola de expropiaciones y estatizaciones. A partir de allí la propuesta del estado empresario se combinará con el estado empleador para convertir los empleos en fuentes de clientelaje a favor de las oligarquías comunistas.

Como se aprecia, la constituyente ya empezó.