¿Cuándo se desaloja a mineros ilegales en Las Bambas y Los Chancas?

Uno de los efectos destructivos del desgobierno nacional de Pedro Castillo se ha focalizado en las áreas de la minería moderna. Durante los gabinetes de Guido Bellido y de Mirtha Vásquez, de una u otra manera, se alentó y empoderó a las minorías radicales antimineras. Como todos sabemos, cuando Bellido ejerció la presidencia del Consejo de Ministros (PCM) apoyó la demanda de las comunidades del Cusco – a más de 200 kilómetros de Las Bambas– para que se constituyan en “áreas de influencia directa de la mina”. Igualmente, cuando Vásquez estuvo a cargo de la PCM cerró unilateralmente cuatro minas en el sur de Ayacucho –en contra de la Constitución y la ley– y ofreció apoyo legal del Estado a los radicales antimineros; es decir, a quienes habían incendiado minas y maquinaria.

El resultado de esas erráticas posiciones del Gobierno y los ex PCM se expresa hoy en día en el asalto de minas modernas por parte de unas decenas de mineros ilegales. Si se respalda la acción de minorías radicales en contra la Constitución, ¿acaso no se empodera a los eventuales mineros ilegales?

Uno de los casos más graves de invasión de mineros ilegales a concesiones legales es el de Las Bambas. Unas decenas de comuneros de Huancuire han invadido el tajo de Chalcobamba y hoy impiden su entrada en producción. Una situación demasiado grave porque el tajo Ferrobamba –que produce desde el inicio de la mina– ha declinado su producción por agotamiento natural. En este contexto, el bloqueo del tajo Chalcobamba y los más de 500 días de bloqueos de carretera –que impidieron trasladar el mineral al puerto desde el inicio de las operaciones–, han determinado que Las Bambas reduzca sus proyecciones de producción anual de 400,000 toneladas métricas de cobre (TMC) a 300,000 TMC. Sin embargo, en el primer semestre de este año todo se desplomó: apenas se produjeron 100,000 TMC.

Otro caso que merece subrayarse es la invasión por mineros ilegales del proyecto Los Chancas, en la región Apurímac; es decir, la misma región donde se emplaza Las Bambas. La empresa minera Southern Perú obtuvo la concesión del proyecto Los Chancas en el distrito de Tapayrihua, provincia de Aymaraes en Apurímac, en el año 2000, con el objeto de desarrollar labores de exploración minera. Desde esa fecha, en colaboración con las comunidades de Tiaparo y Tapairihua, se desarrollan esas actividades. En febrero de este año, las áreas de la concesión, Chanca Uno y Chanca Dos, fueron invadidos por unas decenas de mineros ilegales que, sorprendentemente, lograron inscribirse en el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

Ante esta situación, la concesionaria de Los Chancas solicitó ante la Dirección de Formalización Minera del Minem que se revoquen las inscripciones de los mineros ilegales. La mencionada dirección del sector revocó la inscripción de 31 mineros ilegales. Sin embargo, ¿qué sucede con los otros 32? ¿Acaso el sector de Energía y Minas promueve la minería ilegal, que depreda el medio ambiente, no paga impuestos y genera otro tipo de economías delictivas y sociales?

Lo más grave de todo es que la situación actual en Los Chancas podría significar la paralización de más de US$ 2,800 millones de inversiones, vitales para la continuidad de la minería moderna, el crecimiento y el proceso de reducción de pobreza.

Si a esta terrible situación le agregamos la invasión de mineros ilegales de minas modernas en Pataz, La Libertad, no es exagerado sostener que el Gobierno de Castillo ha promovido adrede el empoderamiento de las minorías radicales y la destrucción del derecho de propiedad minera. 

No se entiende cómo se puede apostar por la destrucción de la minería moderna, que representa el 60% de las exportaciones, el 10% del PBI y el 12% del total de la inversión privada. Igualmente, cómo se puede aceptar la destrucción de una actividad que emplea alrededor de 200,000 trabajadores directos y más de 1.2 millones de empleos indirectos. Y si consideramos a las familias de los beneficiados, estamos hablando de cerca de cinco millones de personas.

Un despropósito que revela incapacidad moral permanente del presidente Castillo y su administración.