¿Cuándo se deroga decreto que restringe uso de leche en polvo?

Hasta hoy no se deroga el Decreto Supremo N° 004-2022 del Ministerio de Agricultura (Midagri), que cambia el Reglamento de la Leche y Productos Lácteos, con objeto de prohibir la utilización de la leche en polvo en la elaboración de leche evaporada. En este portal lo hemos repetido incansablemente: el único criterio del mencionado decreto es favorecer a una coalición de empresarios ganaderos a costa de los consumidores de leche evaporada y lácteos, particularmente las madres gestantes y los niños pobres.

¿Por qué hacemos semejante afirmación? Porque la producción nacional de leche fresca solo abastece el 70% de la demanda nacional. Por ese motivo, se utiliza la leche en polvo. En este contexto, un efecto inmediato de la prohibición será el incremento del precio de la leche evaporada y los productos lácteos. Es necesario explicar que alrededor de la mitad de la producción de leche fresca es comprada por las micro, pequeñas y medianas empresas de lácteos, mientras que la otra mitad es adquirida por la industria láctea nacional (Gloria, Nestlé y Laive). 

Las restricciones en el uso de la leche en polvo es un golpe directo a los consumidores y a los pequeños productores de lácteos y los miles de empleos que se generan. Ahora bien, ¿existe alguna justificación para la restricción? Ninguna. La leche en polvo es una leche deshidratada, sin agua, que conserva todas las vitaminas y proteínas y grasas. Apenas se mezcla con agua, la leche deshidratada recupera todas las propiedades nutritivas de la leche fresca.

Ahora bien, es incuestionable que el Decreto Supremo N. 004-2022 fue una típica acción mercantilista para favorecer a un grupo de privilegiados con contactos en el Ejecutivo. ¿Por qué? Porque las propias cifras del Midagri colisionan con un decreto de esa naturaleza. Durante la presentación de un informe en Piura de la Comisión multipartidaria de monitoreo, fiscalización y control del programa hambre cero del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, a través de un PPT se estableció que la producción de leche fresca en el Perú es de 2,19 millones de toneladas anuales. Dicha producción se basa en 452,218 unidades agropecuarias, de las cuales el 14.1% corresponde a grandes y medianas unidades, que cuentan con más de 10 cabezas de ganado; y el 85.8% corresponde a unidades con menos o igual a 10 cabezas de ganado. De acuerdo al mismo documento, el 48% de la producción de leche fresca es acopiada por la gran industria, el 42% por la industria artesanal y el 10% por el autoconsumo.

En otras palabras, en el Midagri se manejan las mismas cifras de los sectores que critican este decreto de naturaleza mercantilista. ¿Cómo así entonces se atrevieron a publicar un decreto para favorecer a una coalición empresarial y afectar a los consumidores? Es imposible entender que se promueva el incremento artificial de los precios.

Pero eso no es todo. El artículo 2 del mencionado decreto suspende los controles microbiológicos hasta el 31 de diciembre del 2026, creándose una verdadera bomba de tiempo para la industria láctea en general. ¿Por qué? Como todos sabemos, la producción de leche fresca está expuesta a contaminantes y patógenos que causan graves infecciones con bacterias agresivas, tales como Escherichia, Klebsiella, Enterobacter, Citrobacter, entre otras. ¿Cómo entonces se puede poner en peligro la salud de las madres gestantes y los niños pobres? Asimismo, la suspensión de los controles microbiológicos destruirá la pequeña industria de lácteos. La leche contaminada y sin controles puede afectar a toda la cadena productiva.

¿Alarmismo exagerado? El propio Midagri, a través de la misma presentación en Piura –que comentamos líneas arriba– establece que en el país existen 6,500 plantas de derivados lácteos, de las cuales 660 están formalizadas. De este total de formales, 483 cuentan con registro sanitario y apenas 11 con la certificación HCCP (mayor certificación de inocuidad alimentaria). ¿Cómo entonces se puede suspender los controles microbiológicos de la leche fresca, con apenas el 10% de formalidad en las plantas de derivados de lácteos? Las cifras son del propio Midagri.

Por todas estas consideraciones, el Congreso debería proceder a derogar una norma tan nociva para los consumidores.